Según el escrito de calificación fiscal, en mayo de 2003, uno de los acusados realizó una declaración de obra nueva de una vivienda situada en suelo urbano no consolidado. En dicha declaración se manifestaba que la vivienda estaba terminada en 1998. Posteriormente, las ortografías realizadas durante los años 2001/2002 por la Consejería de Obras Públicas demostraron que en tales fechas no existía en dicha parcela edificación alguna.
Igualmente, en diciembre de 2004 los otros dos acusados vendieron al primero de ellos una escritura de una parcela, también realizando una declaración de obra nueva, que se demostró que no era así. Por último, uno de los acusados procedió a la división horizontal de ambas fincas.
