La Fiscalía de Sevilla ha pedido tres años y nueve meses de cárcel, y la acusación particular diez años y medio, para un empresario acusado de la muerte de una recolectora de naranjas urbanas y el grave accidente sufrido el mismo día por otro trabajador.
Un auto del juzgado de instrucción 18, al que ha tenido acceso Efe, da por concluida la instrucción de la causa y declara la responsabilidad subsidiaria del Ayuntamiento de Sevilla, a quien el juez requiere para que presente una fianza de 370.000 euros para hacer frente a las futuras indemnizaciones.
Los accidentes ocurrieron el 10 de febrero de 2011 en el barrio de Triana, el primero a las 14.30 horas y el segundo a las 16.40 horas, cuando los afectados recogían naranjas "sin contrato de trabajo, sin alta laboral, sin derechos, sin formación, sin material y sin cumplimiento de las normas mínimas vigentes", según el juez.
La trabajadora Carmen M.B., de 46 años, cayó al suelo en la calle Azucena y sufrió graves traumatismos que la dejaron parapléjica y motivaron su muerte el 29 de abril.
A las 16.40 horas del mismo día, y en la calle Esperanza de Triana, el trabajador John Fernando G.P., colombiano de 24 años, también perdió el equilibrio, cayó desde un naranjo y sufrió graves fracturas de las que tardó en curar 90 días.
La Fiscalía de Siniestralidad Laboral ha solicitado para el empresario tres años y nueve meses de cárcel por un delito contra los derechos de los trabajadores en concurso con otros de lesiones y de homicidio por imprudencia, así como el pago de 122.747 y 30.434 a las dos hijas de la fallecida y de 1.033 euros al trabajador lesionado.
La acusación particular que ejercen los afectados solicita, por su parte, condenas que totalizan diez años y medio de cárcel por los mismos delitos, a los que añaden otro de lesiones, y el abono de una cantidad global de 165.474 euros a las hijas de la fallecida y de 10.954 euros al lesionado.
Aunque la Fiscalía de Sevilla se opuso a que el Ayuntamiento fuese declarado responsable subsidiario, pues la cobertura de los riesgos laborales es responsabilidad exclusiva del empresario, el juez considera que la responsabilidad municipal se deriva de "la relación existente entre el acusado y el Ayuntamiento" y requiere a éste último para que deposite 370.000 euros, la misma cantidad que exige a la empresa "La Calerilla", propiedad de Pedro R.L.
En la causa estuvieron imputados, aunque finalmente quedaron exculpados, tres técnicos municipales de la Delegación de Parques y Jardines dado que la licencia para la recogida de las naranjas urbanas se otorgó en 2011 a los ciudadanos particulares que lo solicitaron frente a la práctica anterior de hacerlo mediante contratos.
