El grupo parlamentario de CiU pretende recabar este martes el apoyo de toda la oposición en el Pleno del Congreso para pedir al ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Wert, que retire del borrador de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) aquellas disposiciones que afectan al régimen lingüístico y las que implican invasión competencial.
Se trata de una moción, consecuencia de la interpelación que el pasado miércoles debatió en la Cámara baja el titular de Educación con el líder de los nacionalistas catalanes en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, y en la que éste comparó el "ataque al catalán" que achaca a Wert, con los "intentos" que ya emprendieron Franco y Felipe V por acabar con esta lengua.
En la iniciativa, registrada el jueves en el Congreso mientras negociaban los Gobiernos central y autonómico y a cuyo contenido ha tenido acceso Europa Press, la formación nacionalista también reclama la adopción de un pacto de Estado por la Educación con las fuerzas parlamentarias y las administraciones competentes en materia educativa, que identifique los principales problemas de que adolece el sistema educativo y las medidas a adoptar.
El portavoz de Educación de CiU en el Congreso, Martí Barberà, será el encargado de defender la iniciativa en el Pleno, con el objetivo de que "se detecten realmente los problemas existentes en el sistema educativo para que entre todos seamos capaces de erradicarlos".
RECHAZO FRONTAL DESDE EL INICIO
Los nacionalistas catalanes han mostrado su disconformidad con el anteproyecto de ley presentado por Wert desde el primer momento de conocer el texto. Precisamente, la consejera catalana, Irene Rigau, dio un plante hace un par de semanas al resto de consejeros autonómicos, así como al propio Wert, en la Conferencia Sectorial de Educación, en la que el ministro iba a presentarles el texto de reforma.
Por ello, el Ministerio emplazó el jueves de la semana pasada a la Generalitat a una reunión bilateral con el objetivo de alcanzar algún acuerdo, de cara a la próximo encuentro con las comunidades autónomas este próximo miércoles, día 19.
En el encuentro se reunieron hasta cerca de las 22.00 horas en la sede ministerial la secretaria de Estado de Educación, Monsterrat Gomendio, y el titular del ramo --que se incorporó un poco más tarde por presidir un acto--, con la propia Rigau.
"No ha habido aproximación ni avances materiales, pero seguimos comprometidos a seguir hablando para lograr algún acuerdo", indicó Wert en la rueda de prensa posterior al encuentro. Mientras, la consejera catalana afirmó que su voluntad era el "diálogo" en la tramitación de este borrador, puesto que compartía el fondo de la misma aunque no el camino para llegar a lograrlo.
AUTORIDAD DEL PROFESOR
De igual forma, CiU someterá a votación en la Cámara baja este martes la toma en consideración de una proposición de ley cuyo objetivo es modificar la actual Ley Orgánica de Educación de 2006 (LOE) para reforzar la figura del director del colegio en la resolución de conflictos.
A juicio de los nacionalistas catalanes, se debe fortalecer y dotar de la autonomía la figura del director en el ámbito disciplinario, y la LOE, que le confiere las competencias de favorecer la convivencia en el centro y fomentar un clima escolar de estudio y el desarrollo de actuaciones que propicien una formación integral en conocimientos y valores de los alumnos, "no ha supuesto una mejora en el clima de convivencia de los centros" desde su puesta en marcha en 2006.
Es más, avisa de que en aquellos centros donde se ha cuantificado el número de incidentes producidos se constata que en los últimos años la tendencia es creciente. Adicionalmente, apunta también que se ha instalado "en el imaginario colectivo" de la comunidad escolar la idea de que las infracciones disciplinarias gozan de una "cierta impunidad".
"Sin duda desmoraliza a los directores y profesores, que carecen de plenas competencias disciplinarias y, por ende, no poseen la autonomía necesaria para implementar las medidas oportunas", sentencia CiU.
De esta forma, propone la nueva redacción de dos artículos de la vigente ley para conceder mayor potestad al director del colegio, sin tener que acudir al Consejo escolar a la hora de tomar medidas disciplinarias concretas en caso de conflicto, por ejemplo.
