En la resolución de una vista celebrada a puerta cerrada, los magistrados no divulgaron las evidencias porque las autoridades estadounidenses amenazaron con interrumpir la cooperación antiterrorista con Gran Bretaña si se hacían públicos los detalles.
Los jueces también indicaron que los abogados que en el caso representan al ministro británico de Exteriores, David Miliband, precisaron que la amenaza sigue vigente bajo la nueva Administración del presidente Barack Obama.
El recluso en cuestión es el etíope Binyam Mohamed, de 31 años y con estatus legal de residente en el Reino Unido, que lleva más de cuatro años en Guantánamo acusado de conspirar con la red terrorista Al Qaeda para atentar contra civiles.
En el auto, los jueces John Thomas y David Lloyds Jones, afirman que las pruebas de supuesta tortura deberían divulgarse al margen de lo “embarazoso que puedan ser políticamente”.
Thomas y Jones señalan que no tenían “ninguna razón” para vislumbrar que “se produciría una amenaza tan grave como la efectuada por el Gobierno de Estados Unidos de que reconsideraría el compartir información inteligencia” con el Ejecutivo de Londres si difundían un aparte “limitada pero importante” de las pruebas.
Desde Downing Street, residencia y despacho oficial del primer ministro británico, Gordon Brown, un portavoz dijo no tener conocimiento de una amenaza de la Administración de Obama para cancelar la cooperación antiterrorista con el Reino Unido.
“No hemos tratado con la nueva Administración (de EEUU) sobre los detalles de este caso”, aseguró el portavoz al remarcar que Londres y Washington tienen “una muy sólida relación en asuntos de inteligencia” y que “eso continuará”.
Con conocimiento de la resolución judicial, el diputado conservador David Davis, ex portavoz de Interior del principal partido de la oposición, pidió en el Parlamento explicaciones al Gobierno.
Según Davis, el auto sugiere que el Reino Unido fue cómplice de las supuestas torturas infligidas a Mohamed, por lo que exigió que el ministro de Exteriores haga una declaración tan pronto como sea posible para “explicar qué demonios está pasando”.
El parlamentario tory subrayó que David Miliband tiene que aclarar el “nivel de complicidad” de las autoridades británicas en las presuntas torturas.
El pasado agosto, Mohamed ya ganó una batalla legal al dictar el tribunal Superior que el Gobierno británico debe desclasificar información que el preso reclama como prueba de que sufrió torturas.
El etíope argumentó en aquella ocasión que los documentos del Gobierno británico apoyan su tesis de que las pruebas presentadas contra él se obtuvieron mediante tortura.
Los jueces Thomas y Lloyds Jones fallaron entonces que el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido (Foreign Office) debe “desclasificar en confianza” información que “no sólo es necesaria, sino esencial” para la defensa del sospechoso.
El abogado de Mohamed, Clive Stafford, director también del grupo pro derechos humanos Reprive, indicó que los gobiernos estadounidense y británico “tienen la obligación” de investigar y no eliminar las pruebas sobre presuntas torturas.
EL PARLAMENTO EUROPEO PIDE A LOS GOBIERNOS DE LA UE QUE ACOJAN PRESOS
El Parlamento Europeo (PE) pidió ayer a los gobiernos de la Unión que se preparen para acoger reclusos que sean liberados de la prisión de Guantánamo si así se lo solicita la administración estadounidense.
Los eurodiputados respaldaron la resolución pactada por los principales grupos del hemiciclo, en la que se muestran a favor de acoger en Europa a aquellos prisioneros que no sean llevados a juicio, pero cuya vida correría peligro si regresan a sus países de origen.
El Parlamento quiere que en el cierre de Guantánamo la prioridad de la UE sea garantizar un “trato justo y humano” para todas esas personas y cooperar para reforzar la legalidad internacional. Sin poder directo en este ámbito, la Eurocámara ha querido dejar clara su postura en el debate que mantienen los 27 Estados miembros sobre la conveniencia y las fórmulas legales para dar asilo a los ex reclusos.
Los ministros de Exteriores de la Unión ya acordaron la pasada semana dar una respuesta conjunta si Washington pide ayuda para el desmantelamiento de Guantánamo, ya que en un espacio de libre circulación la decisión de un país de acoger a ex presos afectaría al resto, y este mes los responsables de Interior y Justicia van a seguir analizando el tema.
Por ahora, un buen número de gobiernos –entre ellos los de Finlandia, Portugal, Suecia, Reino Unido, Irlanda, Francia y España– ya se han mostrado dispuestos a acoger a algunos liberados, mientras que otros como los de Holanda y Austria se niega tajantemente.
Aunque todavía no hay una petición formal por parte de EEUU, todas las fuentes indican que la intención sería reubicar a unas 40 personas en Europa, todas ellas parte de un grupo de 62 prisioneros que sería puestos en libertad sin cargos, pero que no pueden volver a sus países de origen ante el riesgo de que fuesen castigados o torturados.
Según la ONG Retrieve, que defiende a un buen número de presos, entre las personas que se quiere llevar a Europa hay una decena de ciudadanos tunecinos, 9 sirios, 7 argelinos, 6 libios, 4 uzbecos, 3 palestinos y varios nacionales de países asiáticos como Afganistán, Azerbaiyán y Tayikistán, además de un ruso y un etíope.
De ellos, entre 4 y 6 habrían solicitado vivir en España por conocer el idioma o tener lazos del algún tipo con el país, según Retrieve.
