“Por la dignidad de las personas presas” rezaba la pancarta que portaban miembros de la asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía en Cádiz (APDHA, la Asociación Anydes y Madres Unidas contra las drogodependencias (ANDAD) realizaron. Se trataba de una pequeña concentración a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, el motivo “dignidad y derechos para las personas que están en la cárcel”.
Una reivindicación que estos colectivos llevan mucho tiempo solicitando al Gobierno. “Reivindicamos el derecho a la salud, el derecho a la familia o el derecho a que los presos sean tratados con respeto y dignidad, sin malos modos o malos tratos” ya que a su juicio “en la puerta de las cárceles se detienen muchos derechos fundamentales como estos” pues “la condena a prisión, no se limita al preso, sino que de otra forma también padecen condena sus familiares” por ello “las asociaciones ANDAD, ANYDES Y APDHA, queremos mostrar nuestro apoyo muy especial a las familias de los presos que también sufren una condena sobrevenida”.
En este sentido, señalan que “queremos así trasladar al Gobierno reivindicaciones que nos parecen elementales para que sean respetados los derechos humanos de personas presas y familiares” señalando que “reivindicamos el derecho a la salud porque la prevalencia de enfermedades infecciosas o graves en el interior de las cárceles, de forma mucho más elevada que en el resto de la población. Un dato que la Dirección General de Instituciones penitenciarias y su departamento, conoce con exactitud”.
En este sentido afirman que el Ministerio del Interior es “el responsable de que carezcan del adecuado acompañamiento médico especializado y que en ocasiones fallezcan bajo el sistema penitenciario. Aunque La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía comparte responsabilidad en la falta de tratamiento médico” añadiendo que “la pérdida de citas médicas con especialistas se ha multiplicado por los recortes en el Ministerio del Interior” por ello solicitan que sean tenidas en cuenta “algunas propuestas en las que venimos insistiendo desde hace años”. Entre ellas la apuesta por la prevención (en relación al tratamiento para toxicómanos y enfermos terminales de sida, en centros o viviendas tuteladas
Apuesta por la prevención: tratamiento para toxicómanos (construcción de centros, viviendas tuteladas…) “que ponga fin a la masificación en las cárceles”; , trato igualitario, “para lo que se precisa la integración en el Sistema de Salud Público”; la excarcelación de los enfermos terminales y flexibilización de las condiciones y requisitos para acceder a terceros grados y libertades condicionales de estos enfermos desde el inicio de la condena; inicio de procedimientos de reconocimiento de minusvalía que no pueden hacer los presos, precisando de la colaboración e iniciativa del área de trabajo social de prisión; o la “solución a la grave problemática de los muchos enfermos mentales condenados a privación de libertad”.
Asimismo, reivindican un “trato digno a presos y familiares” porque “continúan produciéndose malos tratos físicos y psíquicos a las personas presas” y “porque sus familiares no son tratados en muchas ocasiones con la suficiente dignidad y el acceso a sus personas presas se hace en condiciones penosas” por ello solicitan estos colectivos que “los malos tratos sean investigados, determinadas las responsabilidades y erradicados absolutamente de la vida carcelaria” y que “el sistema de visitas y el acceso a la prisión por parte de familiares merezca el más alto respeto”.
Servicio de atención jurídica
Por otra parte, también piden al Ministerio del Interior “la reanudación del servicio de atención jurídica a las personas presas” ya que “las personas presas tienen derecho a asesoramiento jurídico en relación a los problemas que surgen por su estancia en prisión, desde posibles malos tratos, traslados, condiciones, etc…” y además “porque los recortes sociales alcanzan a los presos, ha sido eliminado el servicio de orientación jurídica penitenciaria que prestaban los colegios de abogados, dejando a más de 16.000 presos en Andalucía sin asesoramiento legal”.
En este punto solicitan el “inmediato restablecimiento de ese servicio por acuerdo entre Instituciones Penitencias y la Junta de Andalucía con los colegios de abogados”.
Otra de las reivindicaciones de esas asociaciones es el cumplimiento de la condena en prisiones cercanas a sus lugares de origen, porque según afirman actualmente “un 50% de los reclusos se encuentra cumpliendo condena fuera de su provincia y un 15% lejos de su comunidad autónoma viéndose gravemente afectado su estado de salud”, señalando que “la dispersión reduce el contacto con sus familiares obstaculizando sus posibilidades de reinserción y su recuperación sanitaria y golpea a familias pobres que no reciben ayudas para los desplazamientos, sometiéndoles a un sufrimiento innecesario y a una pena complementaria a la que no fueron condenados”.
“Reivindicamos el transporte público a las prisiones de El Puerto porque la creación de prisiones alejadas de los núcleos urbanos imposibilita a las personas con pocos recursos el poder visitar a sus familiares o les obliga hacerlo de manera muy esporádica” ya que “esto supone un grave quebranto para sus economías, un sufrimiento añadido por la falta de relación con el familiar preso, la ruptura de relaciones familiares y dificulta la reinserción de las personas que cumplen condena”.
