No ha sido una semana fácil para el Ayuntamiento de Jerez, pero ¿cuándo lo es? La huelga de la basura ha “eclipsado” la mayoría de los movimientos del Gobierno local del PP, pero no ha conseguido evitar que posiblemente los dos concursos públicos más importantes de la legislatura para adjudicar servicios como el ciclo integral del agua y la gestión integral energética del Ayuntamiento, que traerá consigo un Plan de Optimización Energético, hayan quedado desiertos. El desenlace del primero más o menos se podía sospechar, sobre todo por los 80 millones del canon exigido a las empresas, pero el segundo caso ha pillado más desprevenido al Gobierno municipal. En cualquier caso, de los dos depende poder empezar a pensar en la ansiada normalidad para afrontar los pagos de las nóminas y en la estabilidad de las arcas municipales, toda vez que los ingresos por el IBI no son capaces de hacer milagros en solitario.
El propio portavoz del Gobierno local, Antonio Saldaña, reconoció ayer a Información Jerez que efectivamente el plazo de licitación del expediente para hacerse con el suministro y el mantenimiento de las infraestructuras energéticas del Ayuntamiento se ha cerrado en los últimos días, a la par que el del agua, sin que hayan recibido ninguna oferta por parte de las distintas empresa suministradoras.
Las razones, siempre según Saldaña, no estriban en la falta de interés por hacerse con este servicio, sino una vez más tendrían que ver con la delicada coyuntura económica del Consistorio. En este sentido, las empresas han exigido al Ayuntamiento en cierta medida ver de qué manera podría garantizarles que cumple con los pagos. Por ello, el Gobierno local se muestra receptivo a sentarse con las entidades que han mostrado cierta predisposición, entre las que se encuentra Endesa o Iberdrola, para “adaptar” en caso de que fuera necesario el pliego de de condiciones. A partir de ahí, los siguientes pasos que dará el Ayuntamiento empezarán este mismo martes, jornada para la que tienen convocada una reunión con varias empresas (de 3 a 5), un encuentro que se llevará a cabo “con luz y taquígrafo” y con el que el PP iniciará un procedimiento negociado para la concesión de este servicio.
La idea es cerrar el proceso “lo antes posible” pero siempre con cautela y con el claro objetivo de recortar gastos a la institución municipal. Teniendo en cuenta que a partir del Plan de Optimización Energética el Gobierno local prevé ahorrar 3,5 millones al año, unificando en una sola factura el suministro eléctrico, los servicios de mantenimiento del alumbrado público y la inversión en eficiencia, el Ayuntamiento tiene claro que no renunciará a esta iniciativa pese a las trabas con las que se ha encontrado. Y es que la intención inicial de la alcaldesa, María José García-Pelayo era tener firmado el contrato en la segunda quincena de este mes, lo cual ya no será posible. En el tema del agua, el varapalo ha sido todavía peor, ya que ni si quiera la prórroga del plazo en 15 días más ha sido suficiente para animar a las empresasa pujar.
En cualquier caso, las empresas Acciona y Aqualia parecen las empresas más interesadas en acceder a la concesión de la gestión del ciclo integral del agua, cuyo concurso quedó desierto este pasado miércoles. Según ha podido saber este medio, ambas compañías han pedido al Ayuntamiento facilidades a la hora de hacer frente al pago de los 80 millones de euros en los que se ha fijado el canon de la operación, planteando su fraccionamiento.
El Gobierno local, mientras tanto, parece receptivo a estudiar cualquier posibilidad, no descartándose una eventual modificación del pliego de condiciones. En todo caso, será la Comisión Técnica del Agua quien deba manifestarse en estas próximas semanas. Preguntada por los medios, la propia alcaldesa admitió que de antemano en el seno del Gobierno local “todos sabíamos que por las condiciones que se planteaban iba a ser complicado, pero siempre hemos tenido claro que teníamos que intentarlo con el mejor pliego, que es que la empresa adjudicataria te pague 80 millones de euros, que es el canon, el día de la firma del contrato”. Ahora, agotada la prorróga de 15 días, las exigencias de los populares provocarán que seguramente el proceso tarde ahora otros dos meses más, con lo que eso supone para las frágiles arcas municipales. Además, no cabe posibilidad de que se pueda abrir otra vía para iniciar un proceso negociado.
“No cuestionan la cuantía del canon ni la no subida de las tarifas”
La alcaldesa ha achacado la falta de ofertas por parte de las empresas para hacerse con la gestión del ciclo integral del agua a las “dificultades” para acceder a la financiación que les permita “poner encima de la mesa 80 millones de euros en 15 días”. En este sentido, Pelayo ha dejado claro que las empresas no cuestionan “ni la cuantía del canon, ni que las tarifas no suban por encima del IPC, ni la estabilidad de los puestos de los trabajadores de Ajemsa, sino que nos han pedido una reflexión en torno a las condiciones de entrega de esos 80 millones”, añadió. No hay nada decidido y ahora una comisión técnica trabaja en el tema. Eso sí, Pelayo insistió en la objetividad del pliego que regula las condiciones para adjudicar el servicio a una empresa externa. “Ningún pliego económico se va a hacer nunca con criterios políticos, sino que la gestión del agua tiene un valor y eso tiene que se indiscutible y sobre todo por los políticos. Quienes valoran son los técnicos, que son los que tienen que decir qué margen de maniobra hay”.
“Cuando se pone sobre la mesa un ERE, no hay que precipitar nada”
Visto lo visto, la experiencia le dice a la alcaldesa que es mejor no hablar de plazos, y aunque como mínimo el varapalo en la licitación del ciclo integral del agua retrasará la operación más de dos meses más, Pelayo es partidaria de no dar ningún dato que puede orientar. “Cuando tengamos claro qué posibilidades tenemos y qué alternativas, entonces empezarán a correr los plazos. No vamos a hacer nada con precipitación, porque una de las cosas que he aprendido es que los tiempos hay que abordarlos con serenidad. Los plazos nos lo darán los que están reestudiando ese pliego (por los técnicos), que son los que dirán qué márgenes tenemos”, señaló.
De la misma forma, la alcaldesa también se mostró prudente a la hora de plantear en qué repercutirá este revés en el ERE municipal que todavía está en el aire para las empresas municipales. “Es lo que me gustaría, que se quedara en stand by, no hay que precipitar nada. Hay que trabajar con calma ya que porque un día haya un revés no puedes tomar 20.000 decisiones; cuando hay dinero y las cosas son fáciles es fácil tomar decisiones, cuando no hay -continuó- y se está poniendo sobre la mesa un ERE en las empresas municipales y hay que trabajar con serenidad”.
Invertir en el pago de deudas
Lejos de sorprenderse, el portavoz de IU, Joaquín del Valle, mantiene que lo ocurrido en el concurso para la concesión privada del servicio del agua ha confirmado todos sus vaticinios. “Esperábamos que esto ocurriera. Ya se dió la misma situación en octubre y ahora vuelve a pasar lo mismo. Esto, manifiesta Del Vale, “se debe a dos motivos. Por un lado, gracias a la presión continua de la Coordinadora en Defensa del Agua, que ha obligado al PP a elaborar un pliego de condiciones técnico y administrativo duro. Y por otro lado, debido a que las empresas privadas vienen a hacer negocio y no entienden de color político, pero tienen miedo de tirarse a la piscina por la inestabilidad política que genera el Gobierno del PP”. Pero IU también hace una lectura positiva de esta situación, ya que considera que es una “nueva oportunidad” para que el PP “rectifique” y considere “otras alternativas”.
Asimismo, le pide a Pelayo que se siente con el Gobierno central y que le exija que cumpla con las promesas de poner en marcha medidas especiales en Jerez. Respecto a esto último, Pelayo se ha mostrado tajante. “El señor del Valle no se entera que todo eso está dentro del agua. Que tenemos que pagar los 78 millones del préstamo sindicado que firmó el PSOE, del hay que pagar siete millones de euros cada cierto tiempo, que ahora ya va por 14. Y también tenemos que pagar el inaplazable de la Seguridad Social y Hacienda que son entre 12 y 14 millones de euros. No podemos firmar ningún convenio con la Seguridad Social y con Hacienda mientras no paguemos el inaplazable. La cuestión del agua no está planteada para tirar el dinero sino para invertir ese dinero de tal manera que quitemos deudas. Esa es la mejor inversión que podemos hacer”, concluyó.
