A propuesta de Ecologistas en Acción, el Consejo Local de Medio Ambiente (CLMA) solicitó en 2010 a la Agencia Andaluza del Agua, ahora Agencia del Agua y Medio Ambiente, información sobre la temperatura de los vertidos realizados por la central térmica de ciclo combinado de Iberdrola en Arcos en el canal de riego o en el río Majaceite. El colectivo consideraba esos datos fundamentales para realizar un seguimiento sobre las instalaciones y de su influencia en el medio ambiente y en el entorno más próximo.
Los ecologistas aseguraron entonces tener conocimiento de que la temperatura de los vertidos no era la que establecía la Autorización Ambiental Integrada (AAI), la cual se encuentra en proceso de renovación en la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, y sobre la que pesa ya una batería de alegaciones de los propios ecologistas.
Según la AAI, la temperatura de los vertidos no puede superar los 25 grados centígrados o no superar en tres grados la del cauce receptor. Los vertidos que se realizan en el canal receptor proceden de las aguas de proceso, de las purgas de calderas, de las aguas sanitarias, de los derrames aceitosos y de las purgas de refrigeración, apuntan las mismas fuentes.
Para los ecologistas, las temperaturas elevadas inciden negativamente en la flora y en la fauna, teniendo en cuenta que el canal de riego se utiliza para los cultivos de las inmediaciones del embalse de Guadalcacín, muy próximo a la central térmica de ciclo combinado.
La AAI también establece que la inspección de estos vertidos puede hacerse sin previo aviso y que los inspectores deberán tener acceso libre, incluso llaves de las instalaciones. Sin embargo, los ecologistas denunciaban en este mismo medio hace una semanas que las inspecciones se practican con previo aviso, dándose así un agravio comparativo con otras industrias que sufren inspecciones repentinas.
En el caso, de que no se cumplan las condiciones de temperatura, “la Administración debería sancionar a la multinacional energética, lo que no parece que haya hecho”, según señalaba en una nota remitida a este medio.
Cumplir con la condición de la AAI supondría grandes costes tecnológicos, según los ecologistas, que incluso sospechan que la información pudiera haber llegado al Ayuntamiento de la ciudad sin que éste la haya trasladado a Ecologistas en Acción. En este sentido, la organización recuerda que el Consejo Local de Medio Ambiente sólo se ha reunido una vez este año, aunque es cierto que esta misma semana la Delegación municipal ha anunciado la convocatoria de este órgano para mediados de noviembre, así como que su intención es reunir el Consejo al menos cuatro veces al año. No obstante, los ecologistas señalan que “este órgano de participación ciudadana no parece ser del gusto del actual Gobierno local”.
El Ayuntamiento no sabe nada
El delegado de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Arcos, Pedro Mayo, aseguraba ayer a este periódico que durante el mandado en curso no ha recibido información alguna de la Junta sobre la temperatura del agua vertida por la central, lo cual hubiera considerado algo “lógico”.
El anterior delegado, Rafael Barrios (PSOE), señala que su gobierno solicitó también esta información a instancias del Consejo Local de Medio Ambiente, pero que nunca le fue remitida.
Iberinco incurrió en una ilegalidad para lograr un contrato
El diario digital El Confidencial publicaba esta semana un turbio asunto que salpica a la multinacional que dirige el ciclo combinado de Arcos. Según el mismo, “Iberdrola ya tiene la comprobación oficial de que Iberinco, su filial de ingeniería, llevó a cabo prácticas ilícitas para conseguir un contrato en Europa del Este de más de 300 millones de euros”.
El caso ha derivado en la destitución de un grupo de directivos de la empresa por haber participado presuntamente en un caso de corrupción. El diario apunta que el director General de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, conoce el pago de comisiones a la compañía Energy Consulting para que se le adjudicara un ciclo combinado en Riga (Letonia), de 420 megawatios; central que fue inaugurada por el Rey de España.
Según la investigación, “hay una acumulación de indicios que apunta a que tuvieron lugar conductas no compatibles con el código ético” en la relación Iberinco-Energy Consulting.
