El agente del Servicio Marítimo de la Benemérita de la Guardia Civil de Huelva, acusado de un delito de tráfico de drogas y de asociación ilícita, supuesto miembro de la organización compuesta por 13 personas --entre ellos otro agente de la Benemérita--, acusados de sabotear el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) en la zona de Lepe y de facilitar y dar cobertura necesaria para que las bandas que así lo requirieran lograran introducir alijos de hachís en la costa de la provincia onubense, ha negado este martes todos los hechos y las supuestas reuniones mantenidas con el cabeza de la red, L.G.M.
Durante la segunda sesión del juicio, el agente, que responde a las iniciales J.M.T., --en libertad provisional desde el pasado 2 de agosto tras pagar una fianza, después de ingresar en prisión en febrero de 2011-- ha negado todos los hechos, aunque ha reconocido que conocía al jefe de la organización por su profesión, mecánico naval en El Rompido, pero ha asegurado que "nunca mantuvo ningún contacto telefónico con L.G.M ni concertó ninguna cita con él".
Preguntado por el dinero en efectivo encontrado en su domicilio en un registro efectuado que ascendía a 6.500 euros, ha señalado que ese dinero pertenecía a su madre y estaba destinado a la compra de materiales para una obra, y ha señalado a su vez que tenía dos escopetas y un revolver "guardados en su casa y no escondidos".
Del mismo modo, ha negado que una línea telefónica intervenida por la que la fiscal le ha preguntado le perteneciera y ha asegurado que en su casa tenía once terminales móviles que requisó la Policía durante el registro.
Preguntado a su vez por el alijo introducido en la playa de La Bota el 8 de febrero de 2011, ha asegurado que esa noche estaba prestando sus servicios en una patrullera de la Guardia Civil junto a un sargento, con el que estuvo acompañado toda la noche, indicando además que "no mantuvo desde la patrullera ninguna conversación con L.G.M.".
Por su parte, el jefe de la organización, el otro agente de la Guardia Civil acusado, así como otros dos acusados, considerados sus máximos colaboradores, y el vigilante de seguridad de en las instalaciones que Vigilancia Aduanera tiene en el Muelle del Tinto, se han acogido a su derecho a no declarar, mientras que los cinco acusados de nacionalidad rumana han ratificado los hechos pero su desacuerdo con las penas impuestas.
No obstante, ha prestado declaración M.T.M., considerada por la fiscal pareja sentimental de L.G.M., durante los hechos y con un hijo en común, y acusada de blanqueo de capitales, la cual ha asegurado tras las preguntas de su abogado que "hubo un tiempo en el que no eran pareja", así como que no conocía el contenido de la caja fuerte que le requisó la Policía durante un registro en su domicilio y que le había entregado L.G.M. "unos días antes", una caja que contenía más de 25.000 euros en metálico.
De igual modo ha declarado T.A.V., de nacionalidad francesa, considerado como colaborador de la trama, y cuyo nombre aparece como acusado al operar junto a L.G.M., cuando lograron arribar supuestamente a la ría de Huelva un alijo de hachís transportado en una embarcación. Este ha reconocido ante las preguntas de su abogada que conocía a L.G.M. por su profesión, al poseer una empresa dedicada a la venta de vehículos. Este acusado ha declarado en francés porque apenas habla español y su abogada, María Teresa Largo, asegura que de las intervenciones telefónicas intervenidas "no hay ninguna en francés".
ESCUCHAS TELEFÓNICAS
Cabe recordar que en la primera sesión del juicio, celebrado este lunes, los letrados de todos los acusados pidieron al tribunal la nulidad de las actuaciones, partiendo del auto que permitió las intervenciones telefónicas, ya que a su juicio "se han vulnerado derechos" al hacerse estas intervenciones de una forma "no acorde a la legalidad". No obstante, el juez ha decidido resolver esta petición cuando dicte sentencia.
Del mismo modo, una de las letradas María Teresa Largo ha señalado que el Tribunal Supremo en otro procedimiento "dice que el juez tiene que tener conocimiento de estas escuchas y pesquisas que la Policía realiza", a lo que ha añadido que el juez instructor "no trae a la causa los hechos que justifiquen la intervención de estos teléfonos".
En esta línea, basó su petición en la doctrina del 'árbol envenenado', ya que estas escuchas "al provenir de una prueba que es obtenida ilícitamente vulnerando derechos fundamentales y constitucionales, provocan la nulidad de todas las pruebas que posteriormente se obtienen", indicando además que "partimos que desde el principio del todo es nulo", motivo por el cual piden la nulidad de las actuaciones.
LOS HECHOS
Según reza en el escrito judicial, al que ha tenido acceso Europa Press, este grupo tenía "una perfecta estabilidad" desde el mes octubre de 2010 hasta febrero de 2011, momento de la detención, consiguiendo sus objetivos en varias ocasiones. Su cobertura consistía en hacer ellos mismos de punto de vigilancia las noches de los alijos.
Para ello, buscaban a más personas que hicieran esta función, es decir vigilar a las patrullas de servicio de la Guardia Civil para que la zona de alijamiento estuviera despejada, colocar un dispositivo de seguimiento en los coches patrulla y en las embarcaciones patrulleras de la Guardia Civil y de Vigilancia Aduanera para tenerlos localizados los días de los alijos e inutilizar cuanto fuera posible los sistemas de vigilancia de la costa, y todo ello con la finalidad única y exclusiva de lograr arribar a las costas españolas los alijos de hachís de otras organizaciones.
La banda estaba perfectamente estructurada, en concreto, los dos agentes de la Guardia Civil se encargaban de avisar sobre la actividad de la patrullera los días de los alijos planeados dando instrucciones al cabeza del grupo, que responde a las iniciales de L.G.M., sobre la hora y el lugar en el que tenían que ser introducidos los alijos, así como de colocar dispositivos de balizamiento en los vehículos patrullas de la Guardia Civil con el objetivo de que estos estuvieran siempre localizados.
A su vez, también está acusado un vigilante de seguridad de las instalaciones del Muelle del Tinto de Vigilancia Aduanera, que era el encargado de comunicar los movimientos de las embarcaciones en los días de los alijos.
SABOTAJE AL SIVE
Concretamente, cuatro acusados consiguieron el día 25 de diciembre de 2010 que dos de ellos accedieran a las instalaciones del SIVE y, una vez en el interior, tirotearon el sensor volumétrico de intrusión, el radar y la cámara de vigilancia, cortaron el cableado de dichos dispositivos y forzaron la puerta del lugar que da acceso a los paneles y pantallas de control de esos equipos, causando desperfectos por valor de más de 70.000 euros, mientras que los demás acusados se dedicaban a hacer llegar la droga a las costas onubenses.
Por todo ello, la Fiscalía pide más de 100 años de cárcel para los 13 acusados a los que acusa de delitos de asociación ilícita, de tráfico de drogas, de daños en bienes afectados de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de tenencia ilícita de armas, de blanqueo de capitales y de un delito continuado de conducción de vehículo a motor sin permiso o licencia.
La siguiente sesión de este juicio tendrá lugar este jueves, en la que prestarán declaración policías nacionales y guardias civiles, al igual que el viernes, mientras que los días siguientes declararán más agentes, el inspector jefe y subinspector del grupo segundo de estupefacientes de la Guardia Civil de Huelva, así como otros testigos y peritos.
