El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha condenado a la Subdelegación del Gobierno de Cádiz a pagar las costas, con el límite de 600 euros, del recurso interpuesto por el Sindicato de Policía Local de Cádiz, Unión de la Policía Local y Bomberos, por restringir la manifestación convocada por estos colectivos el pasado domingo ante el congreso provincial del PP que se celebró en el Hotel Atlántico.
La sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, y contra la que no cabe recurso, destaca en sus fundamentos de derecho la "escasa incidencia" sobre el orden público que esta manifestación comportaba ya que los convocantes son funcionarios de un colectivo "no muy numeroso", habida cuenta de que el Ayuntamiento al que pertenecen es el de una ciudad "de tamaño medio". Además, señala que "no cabe presumir que estos colectivos pudieran enfrentarse entre sí por razones políticas, sindicales o de otro tipo".
Así, entiende la sala que "no existe motivación suficiente", "ni parece razonable" la modificación del trazado resuelta por la Subdelegación, que estableció como lugar "alternativo y definitivo" la avenida Gómez Ulla, "sin rebasar la puerta de acceso al colegio Beato Diego de Cádiz" --justo frente a las puertas del Parador Atlántico--.
Desde el Sindicato de Policía Local (SPL), en un comunicado, consideran los argumentos del Tribunal "demoledores" al "tumbar la peregrina excusa de la Subdelegación para restringirnos el derecho a manifestarnos en el Congreso del PP, dejando entrever que podían producirse disturbios entre las dos manifestaciones convocadas".
"A pesar de este varapalo judicial", aseguran desde el sindicato que la Subdelegación "sigue limitando y restringiendo" las convocatorias que vienen realizando en los últimos días, para ir "acabando y asfixiando" las protestas de los empleados públicos, "a los que intimidan con los despliegues policiales, como los sufridos el domingo en el hotel Atlántico o con las multas que impuso el Ayuntamiento contra dos delegados sindicales por hacer uso de un silbato y de un megáfono en un acto de protesta".
Por ello, han pedido la dimisión del subdelegado del Gobierno, Javier de Torre (PP), por "parcialidad en sus actuaciones".
Finalmente, explican que la misma situación se ha producido en Sevilla, donde también la Subdelegación ha sido condenada en costas "por una situación igual".
