El alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes, ha expresado hoy la preocupación del Ayuntamiento por el cierre del Hotel Las Palomas y por la situación de incertidumbre que sufren los miembros de su plantilla laboral en una breve declaración institucional realizada durante la densa sesión ordinaria de Pleno celebrada esta mañana, en la que el primer edil tuvo que ordenar el desalojo de un grupo de trabajadores del referido hotel, que quisieron llamar la atención sobre su situación profiriendo gritos y exhibiendo una pancarta, haciendo caso omiso a los reiterados requerimientos del alcalde para que cesaran en su actitud de interrupción de la sesión.
En su declaración final, el alcalde recordó sobre este asunto, en primer lugar, que ni él mismo, en su condición de alcalde, ni tampoco su Equipo de Gobierno, ha intervenido en caso alguno en los problemas laborales y sindicales de las empresas y, tras recalcar que "estamos en un estado democrático de Derecho", significó que "tanto el dueño de cualquier pequeño comercio como el de cualquier otra empresa, incluido un hotel, puede cerrar ese comercio o esa empresa cuando la misma soporte pérdidas o cuando el clima laboral se torne conflicto y esté excesivamente radicalizado".
Pedro Fernández Montes recalcó que "ningún empresario cierra un negocio que le sea rentable" y, después de hacer memoria en el sentido de que la experiencia en Torremolinos señala que los hoteles que tuvieron conflictos radicalizados no acabaron bien, ni para los intereses del empresario ni para los trabajadores, ya que cerraron sus puertas y permanecieron inactivos durante años, señaló que en los últimos años han podido haber discrepancias en hoteles del municipio, pero siempre se solucionaron por la vía del diálogo y, en general, la paz laboral ha sido la tónica en todos los hoteles de Torremolinos, salvo en el Hotel Las Palomas.
El alcalde insistió en que, "naturalmente, no es bueno que un hotel de Torremolinos esté cerrado y sus trabajadores estén inmersos en un futuro laboral incierto; como tampoco es bueno -dijo- que el conflicto se traslade a manifestaciones en la calle o al interior de otro hotel, provocando incluso que algunos clientes se marchen, poniendo en peligro el puesto de otros trabajadores", e hizo hincapié también en "no ser sospechoso de no apoyar a los hoteles", recordando que Torremolinos es el único municipio español que cuenta con una Ordenanza Hotelera que tiene como fin evitar la especulación y la tentación de querer vender los hoteles como apartamentos, lo que ha sido determinante para el mantenimiento de muchos hoteles y sus correspondientes puestos de trabajo.
En este punto, Pedro Fernández Montes calificó de "pura demagogia" el argumento de la oposición sobre una supuesta especulación inmobiliaria existente tras la actual situación que padece el Hotel Las Palomas.
Fue sin duda uno de los asuntos destacados de una sesión en la que, una vez más, el propio régimen de funcionamiento del Pleno suscitó no pocas discrepancias entre el Gobierno municipal y la oposición, que no respaldó una moción del propio alcalde, defendida expresamente por el portavoz del Grupo, Ramón del Cid, que insta a la Junta de Andalucía la creación de mecanismos de asesoramiento a los ciudadanos andaluces en situación de impago de obligaciones hipotecarias y, como consecuencia, en procesos de ejecución hipotecaria o deshaucio, con el consiguiente riesgo de exclusión social; de mediación ante las entidades financieras para los casos de incumplimientos de los compromisos hipotecarios sobre la vivienda habitual y, entre otros aspectos, la priorización de una politica de alquiler protegido para financiar actuaciones en materia de vivienda, con recomnpra de las viviendas protegidas concedidas al amparo de este convenio por parte de la Administración de la Junta de Andalucía.
El intenso debate pudo una vez más sobre la mesa las diferencias de criterio sobre las competencias reales y efectivas de las distintas administraciones en este polémico asunto, sobre el que el Equipo de Gobierno reiteró los preceptos legales que, de forma clara, otorgan a la Junta de Andalucía esa competencia y, por tanto, la responsabilidad ante la grave situación que soportan muchas familias andaluzas. Además, en este contexto, el alcalde recordó que el Ayuntamiento de Torremolinos ha realizado un esfuerzo prácticamente inédito en Andalucía en materia de dotación de viviendas sociales, frente a los incumplimientos de la Junta de Andalucía de las reiteradas promesas electorales realizadas en este sentido.
Asimismo, en la intensa discusión sobre el tratamiento de la moción, el alcalde destacó que, pese a tratarse, el de la Vivienda, de un problema de ámbito supramunicipal, su incidencia directa en muchas familias del municipio aún quedaba refrendada de forma más clara en la iniciativa de recogida de firmas en tal sentido, avalada por 1.957 ciudadanos, que suscribieron expresamente su apoyo a la petición de actuaciones por parte de la Junta de Andalucía.
Tampoco respaldó la oposición municipal la iniciativa del Equipo de Gobierno de exigir a la Junta de Andalucía la adopción de medidas que eviten el mayor deterioro del Centro de Menores de Torremolinos o, en su caso, proceda a la cesión del mismo al Ayuntamiento, dada la inactividad y falta de mantenimiento que la administración autonómica protagoniza respecto a dicho inmueble, cuyo valor arquitectónico y vinculación histórica y senstimental con el pueblo de Torremolinos fue detallada por Ramón del Cid tras el relato pormenorizado del paulatino abandono en que se ha visto sumido dicho edificio.
El alcalde, en este sentido, estableció cierto paralelismo con lo ocurrido con el antiguo Colegio de Huérfanos Ferroviarios, que finalmente convirtió el Ayuntamiento en un escenartio cultural emblemático del municipio.
A lo largo de la intensa sesión plenaria, también tuvo “luz verde”, con los votos del PP y PSOE y la abstención de IU, la moción defendida por el primer teniente de alcalde y portavoz popular, Ramón del Cid, de desestimiento del acuerdo plenario de 27 de julio de 2011 por el que el Ayuntamiento renunció al título concesional del Ayuntamiento sobre el demario costero, la gestión de los chiringuitos, entendiendo el Equipo de Gobierno que la situación de “continua persecución” a que fue sometido el Ayuntamiento de Torremolinos por parte de la Demarcación de Costas ha cambiado sustancialmente tras el cambio de gobierno en dicho organismo, con el que, se insitió, se mantienen actualmente contactos que permiten trabajar “en la creación de sinergias imprescindibles para potenciar la salida de la difícil coyuntura económica”.
En este contexto, el alcalde explicó que la decisión adoptada el pasado año tenía como único fin “proteger a los propios concesionarios de las instalaciones de playa para que no pudieran seguir siendo utilizados comno instrumento político contra el Ayuntamiento” y, tras apuntar diversos ejemplos palmarios de el acoso “a sangre y fuego” a que la Demarcación de Costas sometió al Ayuntamiento de Torremolinos, apeló a que “dejemos de atacar y perseguir a quienes crean puestos de trabajo”, destacando el “importantísimo papel de los chiringuitos en el conjunto de la oferta turística de nuestro municipio, como industria que funciona y coadyuva al desarrollo económico de este sector esencial”.
El PSOE también apoyó otra moción del Equipo de Gobierno, en la que IU se abstuvo, para el otorgamiento del nombre de “Plaza de Carlos Gil” a la plaza con rotonda existente delante de la entrada principal del Palacio de Congresos y Exposiciones, una iniciativa que el alcalde justificó glosando algunos de los méritos acumulados por el desaparecido profesional del sector turístico Carlos Gil y Gil, a cuya trayectoria al servicio del turismo se refirió expresamente el primer edil con palabras de elogio y reconocimiento.
Por último, entre otros aspectos, el Grupo Municipal del Partido Popular rechazó la urgencia del tratamiento de sendas mociones presentadas por la oposición, una contra la subida del IVA y otra referida a la supuesta “ilegalidad” del aumento del IBI, respecto de la cual el alcalde explicó que, efectivamente, será la Justicia la que en su caso deberá pronunciarse sobre la aplicación o no de la retroactividad de dicha subida, dejando claro el primer edil que “se trata de una reducción de la subvención, y no de un incremento del impuesto estrictamente”.
