El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) del Ayuntamiento de Córdoba, Luis Martín, ha anunciado este lunes que los Servicios Jurídicos del Consistorio están estudiando cuáles son los compromisos que tiene en base al convenio que suscribió en su día con Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), para repartirse el pago de las expropiaciones para ampliar el Aeropuerto de Córdoba. AENA ya ha gastado en ello 38 millones de euros y ha dicho en una respuesta parlamentaria que pedirá al Consistorio que abone su parte, un 17 por ciento del total.
Ante esto y en rueda de prensa, Martín, quien ha señalado que el Consistorio no sabe cómo la aportación municipal para dichas expropiaciones ha pasado de siete a 17 millones de euros, ha señalado que "lo único que AENA está mostrando es el documento (convenio) que firmó en su día Rosa Aguilar", cuando ésta era alcaldesa de la ciudad con IU, mientras que ahora, según ha dicho Martín, está "en las filas del PSOE", en alusión a que es diputada nacional por dicha formación en representación de la provincia de Córdoba.
En cualquier caso, según ha destacado el también concejal de Urbanismo, el Consistorio está "estudiando esos compromisos", para comprobar "dónde se reflejaron documental y presupuestariamente", ya que, según ha argumentado, "los acuerdos tienen que tener luego reflejo en partidas presupuestarias", pues "no se trata de firmar en barbecho", que es lo que, a juicio de Martín, "se han dedicado a hacer IU y PSOE" en los anteriores gobiernos municipales.
POSTURA DE AENA
Martín ha reaccionado así después de que el Ejecutivo que preside el popular Mariano Rajoy haya aclarado, en la citada respuesta parlamentaria, que, "desde AENA se mantiene la plena aplicabilidad de los compromisos pactados entre ambas administraciones y, en consecuencia, una vez disponga de cifras definitivas, solicitará al Ayuntamiento de Córdoba el abono de las cantidades que resulten, de acuerdo con el convenio suscrito en su día", recordando el Gobierno que "la ampliación de la pista del aeropuerto de Córdoba fue un proyecto demandado por el propio Ayuntamiento de Córdoba, y para cuya ejecución el propio Ayuntamiento comprometió colaborar en su financiación".
De hecho, el acuerdo determina que "el Ayuntamiento sufragaría el coste derivado de las expropiaciones necesarias para la ampliación de la pista en ambas cabeceras", mientras que AENA "sufragaría el coste relativo a las expropiaciones necesarias para dotar a la pista de las franjas de seguridad exigidas por la normativa OACI", y todo ello "se plasmó definitivamente en el convenio marco de colaboración para la adquisición de los terrenos necesarios para la ampliación del Aeropuerto de Córdoba y su financiación, suscrito entre AENA y el Ayuntamiento de Córdoba el 8 de marzo de 2008, que había sido aprobado por el Pleno del Ayuntamiento y el consejo de administración de AENA".
De hecho, el Ejecutivo subraya que, según se detalla en la estipulación segunda del citado convenio: "por parte del Ayuntamiento de Córdoba se satisfará el justiprecio definitivo de los terrenos necesarios para la ampliación de la pista de vuelo, el establecimiento de las zonas de seguridad en los extremos de pista, el camino perimetral y vallado asociado a todo ello, estimándose su superficie en 136.466 metros cuadrados, lo que representa aproximadamente el 17,63% del total de terrenos a expropiar".
Los trabajadores del Aeropuerto se encierran en protesta por el recorte del 60% del personal que temen
La plantilla del Aeropuerto de Córdoba ha acordado iniciar distintas movilizaciones desde este lunes, comenzando con un encierro en las instalaciones aeroportuarias, en protesta por el "brutal" recorte de personal, del 60 por ciento, que dan por hecho que va a sufrir el aeródromo cordobés, tras el anuncio del ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) de que se va a reducir en un 60% el horario operativo de las instalaciones.
Según han informado los sindicatos CCOO y UGT, convocantes de las movilizaciones, que incluyen una concentración este martes en el propio Aeropuerto, la consecuencia de la reducción del horario de servicio, que queda reducido a seis horas, de 9,00 a 15,00 horas, no será solo la reducción de plantilla, pasando de 26 a menos de 12 trabajadores, sino que también implica "la pérdida de servicios para la ciudadanía cordobesa.
Así, según ha explicado el delegado de CCOO en el Aeropuerto de Córdoba, Pedro Pablo Gómez, "se ponen en peligro los trasplantes (pues los órganos salen y llegan por vía aérea), el servicio de emergencias en helicóptero del 061 y los servicios contra incendios del Infoca", es decir, "tres servicios públicos de urgencias en los que el tiempo es muy valioso".
En este sentido, el responsable sindical ha recordado que "Córdoba es conocida en todo el ámbito nacional por la labor que desempeña el Hospital Reina Sofía en trasplantes de órganos que, en muchos casos, requieren de transporte aéreo por la urgencia de las intervenciones".
De hecho, según Gómez, "con el personal que hay en la actualidad nos encontramos bajo mínimos para atender los trasplantes, por lo que no sabemos qué planes tiene AENA para ejecutarlos con menos personal". Además, el helicóptero del 061, con el nuevo horario, cuando realice una salida y aterrice no podrá estar disponible hasta aproximadamente una hora, ya que, por motivos de seguridad, no se puede repostar la aeronave sin presencia de bomberos y demás personal operativo. Esto hace temer a CCOO que "la dirección del aeródromo se salte las medidas de seguridad, algo a lo que ya tiene acostumbrada a la plantilla".
Junto a ello, "la reducción de personal de las concesiones supondrá un perjuicio para los usuarios y usuarias y para las compañías con base en el aeropuerto, a lo que se une la limitación de las compañías interesadas en operar en él tras la ampliación de la pista".
Por último, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Córdoba ha remarcado que "la drástica reducción de personal y de horario operativo no va a ayudar en nada a hacer atractivo el aeropuerto a las compañías aéreas y, por tanto, se condena a las instalaciones a una muerte lenta e injustificada".
