El Ministerio de Hacienda podrá sancionar a los altos cargos de cualquier administración pública que vulneren la Ley de Estabilidad Presupuestaria, según se recoge en el anteproyecto de ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno que este viernes ha aprobado el Consejo de Ministros. En el caso de que los incumplidores sean miembros del Gobierno, el Consejo de Ministros será el encargado de imponer la sanción.
Así lo ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien ha subrayado que entre las sanciones que figuran en la Ley está la relativa a la pérdida de la condición de alto cargo. "La inhabilitación, como es una pena, lo hará un órgano jurisdiccional", ha aclarado.
La Ley consagra un régimen sancionador estructurado en tres ámbitos: infracciones en materia de conflicto de intereses, en materia de gestión económico-presupuestaria y en el ámbito disciplinario. Además, se incorporan infracciones derivadas del incumplimiento de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, según figura en el texto dado a conocer por el Ejecutivo.
La comisión de estas infracciones tendrá como consecuencia sanciones como la destitución en los cargos públicos, la no percepción de pensiones indemnizatorias, la obligación de restituir las cantidades indebidamente percibidas y la obligación de indemnizar a la Hacienda Pública. Además, se establece la previsión de que los autores de infracciones graves y muy graves podrán ser inhabilitados por un periodo de entre cinco y diez años.
AFECTA A LOS ADJUDICATARIOS DE CONTRATOS PUBLICOS
Tras recordar que la norma se sometió durante 15 días a un proceso de consulta pública --que recibió alrededor de 3.700 aportaciones de particulares y organizaciones--, la vicepresidenta ha señalado que el Gobierno "ha aceptado" la sugerencia de "muchos ciudadanos" para que se someta a la futura norma a los colegidos profesionales como corporaciones de derecho público. También se incluirá a los adjudicatarios de contratos públicos que llevan a cabo la gestión de responsabilidades administrativas.
Sin embargo, Sáenz de Santamaría ha admitido que, pese a las solicitudes de algunos ciudadanos y colectivos, la Casa del Rey queda fuera del margen de aplicación de la Ley de Transparencia por no ser una administración pública. Según ha destacado, la normativa internacional prevé que las monarquías "no estén sujetas a este régimen".
Entre las novedades hay un impulso de la adopción de mecanismos que garanticen la accesibilidad, calidad y reutilización de la información publicada; se amplía la información económico-presupuestaria que debe hacerse pública, entre la que tendrá que incluirse lo relativo a los contratos; y se establece la obligatoriedad de hacer públicos los informes de auditoría y fiscalización, así como más datos sobre los contratos, entre los que deberán incluirse los contratos menores.
La portavoz del Ejecutivo ha señalado que han decidido mantener en la norma el silencio negativo, desestimando la solicitud de que convertirlo en silencio positivo, por considerar que hay materias que son "sensibles" como la seguridad ciudadana, la defensa nacional o que pueden afectar a personas vinculadas a procedimientos administrativos. "Actuar de otra manera supondría perjuicios a intereses públicos o de terceros que hay que preservar", ha enfatizado.
MÁS INDEPENDENCIA DE LA AGENCIA DE TRANSPARENCIA
La vicepresidenta ha indicado que las indicaciones de los ciudadanos han llevado al Ejecutivo a "dotar de más independencia" a la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad de los servicios, de forma que el nombramiento y las causas de cese de su presidente se equiparan a los de los organismos reguladores.
Otra de las novedades del anteproyecto de ley se recoge en las disposiciones adicionales a través de un plan de calidad y simplificación normativa que tiene como objetivo disponer de "menos y mejores" leyes, poniendo un freno a la "inflación reglamentaria". Según Sáenz de Santamaría, ese plan redundará en dar más facilidades en el tráfico económico y jurídico, reduciendo la litigiosidad.
PLAZO DE ENTRADA EN VIGOR
El Gobierno enmarca esta norma en su programa de regeneración democrática y considera que "tendrá efectos económicos porque genera confianza y aumenta la responsabilidad de los gestores públicos". Una vez aprobado el anteproyecto, el Consejo de Ministros ha acordado su remisión a la Agencia Española de Protección de Datos y al Consejo de Estado, como paso previo a su envío al Congreso para su tramitación parlamentaria.
Sáenz de Santamaría ha señalado que se trata de una norma "compleja" pero que el objetivo del Gobierno es que esté aprobada en el próximo periodo de sesiones. Dicho esto, ha agregado que la parte de la ley relativa al Código de Buen Gobierno entrará en vigor el mismo día que se publique en el Boletín Oficial del Estado, mientras que la parte relacionada con la transparencia y la documentación el plazo de entrada en vigor será en torno de un año, ya que, hay que poner en marcha las aplicaciones informáticas para colgar la información en las páginas web.
