Un auto del juzgado de instrucción 16, al que ha tenido acceso Efe, dice que los hechos investigados no son constitutivos de infracción penal, sin perjuicio de “las acciones civiles que, en su caso, puedan corresponder al perjudicado”.
El extorero y ganadero fue denunciado por una empresa promotora radicada en San Juan de Aznalfarache (Sevilla) por la venta en 2005 de una finca de Camas en la que pretendía construir viviendas. El juez ha atendido los razonamientos de Manuel Serrano Alférez, defensor del extorero, quien argumentó que, en todo caso, se trataría de “un mero incumplimiento de un contrato civil concertado entre particulares”.
Además, la compradora tardó cinco años en interponer la denuncia y mantuvo una actitud “absolutamente pasiva” pues su única intención, según la defensa de Camino, era mantener “artificiosamente” abierta la causa penal como “una especie de parapeto ante una eventual reclamación civil” por parte de otra empresa a la que el extorero cedió sus derechos de crédito.
