En dicha reunión estuvieron representados AUAN (Abusos Urbanísticos Almanzora No) de Almería, SOHA (Save Our Homes Axarquia) de Málaga, APAIG (Plataforma de Afectados por las Inundaciones del Guadalquivir) de Córdoba, APVI (Asociación de Provincial de Viviendas Irregulares) de Málaga y La Federación de AAVV Las Lagunas de Chiclana de la Frontera.
Se debatieron, a lo largo de la mañana, diversos asuntos que afectan a su situación específica y, aunque cada zona requiere un tratamiento particularizado, se llega a la conclusión de que todo parte de una situación “podrida” en la que ha tenido mucho que ver, la inacción de determinados políticos, una legislación inadecuada, elaborada de espaldas a la realidad y, para colmo, mal aplicada, conclusión a la que llegan algunos de los responsables de la política, con los que se ha tenido contacto recientemente.
En vista de lo expuesto, concluyen en que la clase política debe estar para resolver los problemas y no para provocarlos, por tanto, deben proceder a cambiar el entramado legislativo actual, con objeto de llegar a la resolución de la situación caótica en que ha desembocado el urbanismo.
Estos cambios deberían afectar a la LOUA, POTA, Ley de Costas, Procedimiento de Delimitación de Suelos Inundables, Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía, entre otros. Dichos cambios han de contar con la presencia de la parte afectada, a través de sus representantes.
También concluyeron en que hay que buscar mecanismos “ineludibles” de colaboración de los ciudadanos a la hora de aplicar las competencias urbanísticas de los ayuntamientos. Dichos mecanismos, aunque están contemplados en la LOUA, en la práctica, se eluden, no pocas veces, por parte de quienes precisamente deberían fomentarlos, en referencia a los gobiernos locales.
Dotar de seguridad jurídica los asuntos relacionados con el urbanismo, seguridad que, hasta ahora, se ha venido caracterizando por su precariedad, situación que ha llevado a la ruina a un sinfín de personas inocentes y seguir los pasos de las comunidades extremeña y gallega, en lo referente a las soluciones urbanísticas que han aportado sus respectivos gobiernos autonómicos, en lo que atañe a las viviendas de construcción irregular, fueron otras de las conclusiones de la reunión.
Con el fin de concertar entrevistas con los representantes correspondientes, se está pendiente de hacer llegar las conclusiones anteriores al abanico de partidos políticos de Andalucía, actualmente en liza con motivo de las Elecciones Autonómicas.
