Según denuncia el 15-M, el cierre supondría la pérdida de casi el 50% de plazas públicas en la provincia de Sevilla. “Conllevaría el desahucio de 184 personas y la pérdida de muchos puestos de trabajo”, explicó Guerra.
Los recortes en materia social estarían detrás de este cierre, además de la especulación urbanística. “El inmueble está situado en una zona muy apetitosa urbanísticamente, junto a la nueva estación del tranvía metropolitano de Alcalá de Guadaíra”, denuncian los indignados, que incluso han llegado a realizar el documental Cuando el dinero habla, el abuelo calla, (se puede ver en la web de Viva Sevilla) para denunciar los planes de la Junta.
Trabajadores de la residencia y familiares de los ancianos se unieron a la protesta.