El portavoz del PSOE, José María Román, dejó claras las intenciones de su grupo al considerar que la creación del grupo conjunto serviría para adelantar el trabajo.No obstante, lo realmente importante es adecuar la ordenanza del IBI a la realidad actual, después de que el PGOU hubiera recalificado veinte millones de metros cuadrados de suelo no urbanizable a suelo urbano, con el consiguiente aumento de su valor y su repercusión tributaria, ante la avalancha de reclamaciones que se producirán por parte de los afectados.
Y es que el problema que se presenta es que los recibos van a llegar con el precio de una recalificación que ha quedado sin efecto tras anularse el PGOU, aunque en esa anulación está precisamente el problema a la hora de emprender cualquier acción para volver a la normalidad.
El Partido Vecinal Regionalista puso el dedo en la llaga en consonancia con lo que viene denunciando desde hace meses. Revisar las tarifas del IBI sobre la base de las Normas Subsidiarias de 1987 es, primero, competencia del Catastro y no del Ayuntamiento, pero además cualquier actuación tendría que pasar por admitir que el PGOU ha sido anulado, que es lo que no ha hecho el gobierno municipal.
El PVRE lo que preguntó fue qué se va a adelantar con la comisión que pedía el PSOE cuando no se puede pedir una revisión castastral y una ponencia de valores.Ya se está haciendoSi bien Izquierda Unida sí estuvo de acuerdo con el PSOE en ambas propuestas, e incluso con la enmienda de adición por la que los socialistas pedían a la Corporación municipal la modificación de la ordenanza vigente del IBI, de tal manera que el tipo de gravamen se vea reducido en un cinco por ciento, pasando de 0,479 en la actualidad a 0,472, el apoyo no fue suficiente.
La portavoz del IU, Ana Rodríguez, puso sobre la mesa el argumento de que los ciudadanos no tienen culpa de que la revisión del Catastro se hiciera sobre una burbuja inmobiliaria que no se sostiene en la actualidad, a la vez que mostró su preocupación por la situación creada tras la anulación del PGOU.
En cuanto al equipo de gobierno, el portavoz municipal, Andrés Núñez, insistió en que se había intentado hacer pero la respuesta del Catastro fue que se trata de una competencia de este organismo, aunque esa revisión se está haciendo. De la misma forma, el portavoz popular respondió negativamente a la posibilidad de grabar las viviendas construidas y no ocupadas, diciendo que “no se puede gravar con más impuestos a las empresas que ya lo están pasando mal”.
Avalancha de recursos
Lo que queda claro es que independientemente del resultado del Pleno, se abre la puerta a la presentación de cientos de recursos contra el recibo del IBI y el previsible colapso de los servicios jurídicos municipales, ante lo que el Ayuntamiento se encuentra en la tesitura de admitir que existe un vacío legal por la situación generada tras la anulación del PGOU.
Y eso era lo que más preocupaba y preocupa a los socialistas, sin contar con el problema social que va a generar la reclamación de unos tributos con importes multiplicados sobre la base de una situación legal que a tenor de la ambigüedad del Gobierno sobre la anulación del PGOU, ni se da ni se deja de dar.
