El informe, al que tuvo acceso Europa Press, apunta a "graves deficiencias" de gestión y documentales detectadas e insta a que el patronato acuerde acciones penales y civiles, además de proceder a la liquidación de la entidad de forma "ordenada, haciendo frente al pago de los créditos a particulares y Administraciones. Así, añade que, una vez acordada la liquidación, se debe pasar al preconcurso o al concurso de acreedores si hubiera cuantías que no puedan ser abonadas.
"INCUMPLIMIENTOS" QUIZÁ "PENALES"
En este marco, se apunta a una gestión administrativa, contable y financiera "posiblemente fraudulenta, sin control ni supervisión, si no es en connivencia de los patronos y gerentes anteriores, con incumplimientos que pueden ser susceptibles de tipificación penal, con la agravación de quebranto patrimonial en entidad pública". La fundación, como es sabido, estaba durante el anterior mandato bajo el control del grupo de concejales de IU-CA, dirigido por Antonio Rodrigo Torrijos.
Entre estas "irregularidades de trascendencia penal", el informe apunta a los responsables de un borrado "intencionado y completo de los datos y archivos" contables que se produjo el día 28 de julio a las 21,00 horas, según un informe de técnicos informáticos de septiembre de 2011, "en vísperas de la incorporación del nuevo gerente, un acto que puede tener relación con "el delito societario o de infidelidad en la custodia de documentos".
Igualmente, apunta a actos que pueden ser constitutivos de "apropiación indebida, malversación de caudales públicos, delitos contra la Hacienda pública, Seguridad Social y fraude de subvenciones en el ámbito penal, junto a conductas falsarias en el ámbito laboral". El informe añade que "alguna de las subvenciones concedidas a la fundación no se han destinado a la finalidad para la que se solicitaron".
LOS TRABAJADORES, "DE BAJA UN DÍA ANTES DE LA APROBACIÓN DEL ERE"
En la misma línea, el documento llama la atención sobre un ERE que "no parece real ni proporcional, cuajado de errores y contradicciones y con desorden y falta de diligencia en su gestión y ejecución". Por este motivo, insta a investigar en el "proceso penal correspondiente" la conducta de los responsables y empleados en las actividades y gastos de la fundación ante las "sospechas de irregularidades en perjuicio de los caudales públicos".
Explica que el ERE no cuenta con una causa "real" y ve "irregularidad" en el modo en que se gestó el acuerdo entre empresas y trabajadores, en dos reuniones, y por la gestión documental del ERE que podrían entenderse "constitutivas de fraude, con conductas falsarias o defraudatorias de particulares o funcionarios intervinientes, y contables".
Asimismo, advierte de que la solicitud del ERE es del día 3 de junio de 2011, pero el día 2 de junio ya se habría aportado documentación a la Autoridad Laboral, y ve "inusual" que la Delegación Provincial de Empleo de la Junta de Andalucía tramite el ERE con "esa velocidad y tampoco se haya cuestionado la realidad de la causa". Además, señala que aparecen preliquidaciones el día 30 de junio de 2011 de los trabajadores afectados, a los que se le da de baja el mismo día, a pesar de que "la fecha de resolución del expediente de la Junta es del 1 de julio".
Apuesta por una liquidación "ordenada y prudente" ante la situación económica negativa, la carencia de recursos, la falta absoluta de liquidez, la paralización de su actividad económica, el desahucio de su sede actual y la inexistencia de previsión de actividad.
Con gastos superiores a los ingresos, el patrimonio neto de la entidad a 31 de diciembre de 2010 suponía un saldo negativo de 1,5 millones, mientras que en agosto de 2011 alcanzaba los 1,1 millones de euros por un crecimiento de las aportaciones de los socios.
