Esta es una de las principales conclusiones del Informe Anual 2010 de que ha realizado la organización, y que recopila los avances y retrocesos en esta materia tanto en Europa como en España, y advirtió sobre la “peligrosa deriva” del discurso político y cómo afecta a las percepciones de la sociedad.
Así, el informe revela que la sociedad española percibe a los inmigrantes “en clave utilitaria” hasta el punto de que una tercera parte de los españoles expulsarían a los extranjeros que llevan mucho tiempo en paro y que las iniciativas de recortar sus derechos han sido asumidas con normalidad por la sociedad.
“Cada vez es mayor y más aceptada la mentalidad de que ‘si no hay para todos, primero los de aquí’ especialmente en materias como la sanidad, la educación o los servicios básicos”, explicó en conferencia de prensa el coordinador del informe, Mikel Mazkiaran.
El documento detalla cómo el acceso de los inmigrantes a los derechos más básicos ha sido recortado, primero en la localidad catalana de Vic al negarles el empadronamiento, y luego en diversas localidades que han politizado la inmigración y aprobado medidas racistas y discriminatorias.
