Unas 500 personas se han concentrado en Málaga para evitar el cierre de los centros concertados que atienden a personas con discapacidad, ante la “infrafinanciación” de la Junta de Andalucía. Los servicios atienden la discapacidad física, psíquica, sensorial y orgánica. “La inmensa mayoría somos entidades sin ánimo de lucro”, que afrontan unos costes por plaza que oscilan entre los 1.500 a los 3.000 euros mensuales.
El gobierno andaluz nos paga una tercera parte de lo que le cuesta gestionar un centro como los nuestros.“Nos sentimos abandonados”, ha dicho Alfonso Rubio, vicepresidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) Andalucía, explicando que, entidades privadas como los que se integran en CERMI, tienen contratos concertados con la administración autonómica para atender a personas dependientes. Tal y como acurre con los colegios o residencias de mayores. En su caso, “nos paga por debajo del coste real”.
La financiación por el servicio “no tiene en cuenta los convenios colectivos, el IPC ni los aumentos del coste de la vida o las subidas salariales”, lo que está provocando que estos centros se vean al borde del cierre al “andar con un déficit del orden del 20 por ciento”. Rubio ha denunciando que el gobierno andaluz “nos paga una tercera parte de lo que le cuesta gestionar un centro como los nuestros”, alertando del problema de que, “en el caso de que tengamos que cerrar centros, la Junta se encontrará con plazas suyas y personas que están a su cargo que no tendrá donde atenderlas”.
“Nos dicen que no hay dinero”, ha criticado el vicepresidente, recordando que llevan un mes haciendo concentraciones a lo largo de Andalucía. El día 3 de diciembre hay programada una nueva protesta en Sevilla: “De seguir sin haber una respuesta oficial o propuesta, seguiremos planteando nuevas acciones de reivindicación hasta conseguir el objetivo”.
La concentración tendrá lugar en la Plaza de San Telmo, “donde el propio presidente andaluz, Juanma Moreno, dice que le es igual que estamos allí, porque esa es la plaza de las lamentaciones”, ha denunciado José Reyes, presidente de Autismo Málaga: “Iremos a lamentarnos allí y a decirle claramente que la situación tiene que variar”.
“Queremos que se estabilice” la financiación, para “no estar siempre peleando, pidiendo y rogando que todos los años se ajuste al IPC y a las subidas salariales”, ha concluido. En esta situación están 84 centros de la provincia de Málaga, de los que 56 son centro de día y 28 residenciales. En total, 3.097 plazas de las que prácticamente la totalidad están concertadas con la Junta.
