Las críticas se vienen produciendo desde hace años, con voces que claman por su cierre como las de Algeciras Acoge, Izquierda Unida o CGT. Ahora, el Defensor del Pueblo a nivel nacional ha elaborado un nuevo informe en el que vuelve a instarse al cierre del CIE de La Piñera.
El Defensor del Pueblo visitó el año pasado el CIE y ha vuelto esta semana a observar que sus instalaciones son “absolutamente inadecuadas”, que se encuentran en un estado de conservación “más que deficitario” y ha alertado de que debe procederse a su cierre.
Según recoge el Informe Anual de 2010, presentado este miércoles en el Congreso y en el Senado por la responsable de la institución, María Luisa Cava de Llano, la higiene del centro es “lamentable” y, mientras no se adopte alguna otra alternativa, ve “ineludible” la reparación “urgente” de algunas deficiencias como la instalación de agua caliente y de las humedades. Asimismo recomienda la contratación de un servicio de limpieza en horario de tarde.
El Defensor del Pueblo también señala que el centro debe contar con un protocolo para mujeres embarazadas y con información escrita sobre la posible formulación de asilo. En su repaso por las deficiencias materiales y de personal indica, además, que los funcionarios de policía que trabajan en este CIE están obligados a usar la placa de identificación.
La institución alerta de que trasladará a la Fiscalía General del Estado y a las administraciones competentes todos estos aspectos deficitarios, entre los que también cita que las pruebas de determinación de edad no se realizan de forma adecuada.
Deficiencias
La denuncia efectuada esta semana por el Defensor del Pueblo se une a las otras muchas que otros colectivos vienen realizando en los últimos años. Uno de ellos, la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH) de Andalucía, denunció este año las “deficiencias en las instalaciones, en la dotación para las condiciones de las personas, hacinamiento por temporadas, irregularidades jurídicas, deficiencias en el servicio de asistencia jurídica e interpretación, sistemas de visita muy restrictivo, dificultades de comunicación con el exterior y, como antiguo centro penitenciario, todas las condiciones de una cárcel”.
Por su parte, Algeciras Acoge, en el informe relativo a su última visita al centro, elaboró un informe en el que detallaba irregularidades jurídicas, sociales y de seguridad.
Así, el informe jurídico denuncia que “la presencia sanitaria en el centro es breve, con sólo tres horas en horario de mañana y otras tres en el de tarde, repartidas entre un licenciado en medicina y un ATS”.
