El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha advertido de que el servicio de Metrología en San Fernando estuvo a lo largo de 2023 "el 90%" del tiempo "sin actividad", ya que "sólo se utilizó el equivalente a siete jornadas de trabajo", por lo que ha defendido "la necesidad" de llevar a cabo una "reordenación" en la empresa pública andaluza Veiasa, que gestiona este servicio.
En respuesta a una pregunta del PSOE en la comisión de Industria, Energía y Minas del Parlamento andaluz, Paradela ha defendido que con esa "reordenación" se busca "la eficiencia y eficacia" en los recursos públicos y en la gestión, donde se incluye el servicio de Metrología isleña.
A ese respecto, ha añadido que los metrólogos que atienden los servicios en la provincia de Cádiz tienen como base de trabajo "las instalaciones de Jerez", ya que en San Fernando "sólo cuentan con una persona contratada a jornada reducida para labores administrativas". Así, ha dicho, que los servicios de verificación de taxímetros demandados por las asociaciones de taxis "se siguen prestando en San Fernando pero de manera independiente al laboratorio".
Como ha argumentado, esta "inactividad" repercute también en los ingresos recaudados por Metronomía, que ascendieron a "483 euros en todo 2023", lo que supuso, según el consejero, en "187 euros menos que el anterior (2022), cuando se facturaron 670 euros".
El consejero ha aportado datos económicos de Metrología a nivel andaluz, señalando que ya en 2017, con el anterior Gobierno socialista, "arrojó pérdidas de 600.000 euros". Ante eso, le ha reprochado al portavoz del PSOE que "no hicieran nada para corregir los desequilibrios y adaptar el servicio a las nuevas circunstancias legales y de mercado".
Entre 2017 y 2019, ha expuesto, "se perdió el 60% de los ingresos, un declive que seguimos arrastrando hasta hoy", donde en 2023 se facturó en Metrología hasta "1,1 millones de euros" cuando el gasto en su plantilla de 42 personas supone "2,3 millones de euros al año".
Eso obliga, ha apuntado el consejero, "a ver medidas que optimicen el servicio", advirtiendo que eso no supone "privatizarlo" y que su "obligación" como consejero andaluz es "corregir las deficitarias situaciones económicas que este departamento viene acumulando, seguir garantizando la prestación de estos servicios por parte de una empresa pública en libre competencia con el sector privado y obtener las condiciones necesarias para afrontar un horizonte de crecimiento que justifique el mantenimiento de la actividad sin menoscabo económico alguno".
