El Gobierno de México admitió ayer que el narcotráfico sobornó a varios mandos de la Fiscalía General encargados de investigar el crimen organizado, para obtener “información reservada por ley y datos de operativos” antidroga.
Tras los hechos está el cartel de los hermanos Arturo y Alfredo Beltrán Leyva, supuestamente aliado con el de Sinaloa, que llegó a pagar entre 150.000 y 450.000 dólares al mes (120.000 y 360.000 euros) a seis funcionarios a cambio de “información reservada” y “datos operativos”, declaró ayer en rueda de prensa el fiscal general, Eduardo Medina Mora.
La Operación Limpieza, como se denomina la investigación, sigue abierta pero por ahora reconoce que “había servidores públicos que entregaban información desde 2004 al cartel de Sinaloa”, explicó la titular de la Subprocuraduría (vicefiscalía) de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo), Marisela Morales.
Los datos proporcionados permitieron a los carteles “eludir los operativos” y eliminar evidencias antes de los registros domiciliarios, añadió Medina Mora, titular de la Procuraduría (Fiscalía) General de la República (PGR).
Dos de los involucrados, que ya han sido procesados puesto que habían sido detenidos en agosto pasado, tenían altos niveles de responsabilidad en la Siedo: Fernando Rivera Hernández, director general adjunto a cargo de Inteligencia, y Miguel Colorado González, coordinador general técnico del organismo. El Gobierno estadounidense ha pedido la extradición de Colorado.
