La sección sindical de CSIF en Navantia San Fernando ha remitido un escrito a la Comisión de Formación y Asuntos Sociales del comité de empresa denunciando una serie de irregularidades en el proceso de adjudicación de ayudas al estudio que concede la empresa a sus trabajadores y sus familiares. Estas becas están reguladas en el actual convenio intercentros de Navantia (que afecta a todos los centros de trabajo del país) y dirigidas a todo su personal, sin excluir a nadie.
En concreto, CSIF denuncia que esta comisión, en su convocatoria del 20 de abril difundida en una circular interna, limita el acceso a estas becas exclusivamente a los trabajadores adscritos al XXI convenio de Bazán; un convenio obsoleto que ya está derogado, y que no incluye, obviamente, a todo el personal que ha entrado en la empresa en los últimos años. De esta manera, se queda fuera en torno al 40 por ciento de la plantilla, “provocando una clara discriminación entre profesionales de distintas categorías”. Además, esta decisión de la comisión de Formación y Asuntos Sociales del comité, según denuncia CSIF, fue tomada en una supuesta reunión celebrada el 8 de abril, de la que no consta ningún tipo de acta que refleje el acuerdo para restringir la solicitud de las becas.
La sección sindical de CSIF en el astillero isleño considera que el comité de empresa debe repartir las ayudas conforme al actual convenio vigente y debe procesar todas las peticiones recibidas por parte de los empleados con “un procedimiento transparente”. Asimismo, este sindicato requiere al comité que responda a todas las solicitudes, tanto si son denegadas como si son aceptadas, argumentando los motivos. “Este comité de empresa debe representar con claridad y transparencia a toda la plantilla y alejarse de cualquier atisbo de duda que genere entre los trabajadores”, señalan desde esta sección sindical.
Por todo ello, CSIF reclama a la presidencia del comité de empresa que anule la convocatoria de la comisión y subsane las irregularidades. Al mismo tiempo, la central sindical exige a los responsables de Navantia, que también ha sido informada sobre estas irregularidades, que adopte las medidas necesarias para evitar esta discriminación y fiscalice y garantice el reparto justo del dinero que la empresa aporta para estas ayudas. En caso de que la empresa no fiscalice este control, “estaría siendo responsable y cómplice de una posible ilegalidad”, por lo que CSIF se vería obligada a llevar el asunto a los tribunales.
