Así lo ha asegurado la alcaldesa de San Fernando. el rechazo en el Congreso de los Diputados de la propuesta gubernativa sobre la posible disponibilidad de los remanentes positivos de tesorería de los Ayuntamientos, en virtud a un acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y la FEMP, pasa ahora factura al quedar todo como estaba, con la vigente legislación de la conocida «Ley Montoro» sobre los remanentes en los municipios.
En este sentido asegura la alcaldesa de San Fernando que la afectación suponen la no disposición de partidas cercanas a los cuatro millones de euros en el caso de nuestra ciudad. Así lo ha detallado a Radio La Isla.
Cavada no ha dudado en culpar de esta situación a los enfrentamientos políticos permanentes de algunas formaciones políticas.
Hace sólo unos días, Sandra García, delegada del Gobierno en Andalucía, aseguraba en una visita a San Fernando que “en Andalucía la aportación de ese remanente supondría para los ayuntamientos andaluces la disposición de hasta 965 millones de euros, una oportunidad a la que no se le obligaría a ningún ayuntamiento y que respondía además a la demanda planteada por los consistorios para disponer de sus remanentes ya que podrían destinar a programas de cuidados de proximidad, movilidad, vivienda, desarrollo sostenible y promoción de la actividad cultural.
La dotación total del fondo –5.000 millones de euros– se pretendía articular a lo largo del presente y el próximo ejercicio, atendiendo así a la petición de la FEMP de contar con un plazo suficiente de ejecución. El RD 27/2020 incluía un amplio conjunto de medidas para la autonomía local de los ayuntamientos y así contar con un papel muy relevante en la estrategia de reconstrucción.
El documente rechazado fijaba que las entidades locales que lo deseasen constituirían voluntariamente un préstamo a favor del Estado por el total de sus remanentes de tesorería. El Estado les realizaría un ingreso no financiero por importe, como mínimo, del 35% de los fondos aportados, que incrementaría hasta totalizar 5.000 millones de euros entre todas las entidades participantes. Además, Hacienda les devolvería el importe íntegro del préstamo en un plazo de 10 años a contar a partir de 2022.
