Los economistas de Cádiz se suman a la petición que vuelven a hacer el Consejo General de Economistas y el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) a la ministra de Hacienda, María José Montero, para que establezca una moratoria fiscal que permita a las empresas hacer frente a las enormes dificultades que tienen que solventar a causa de la crisis provocada por el coronavirus.
Piden, al igual que se ha hecho a nivel nacional, que se publique cuanto antes una norma que establezca la ampliación de los plazos de ingreso de las autoliquidaciones cuyo vencimiento se produzca a partir de la entrada en vigor de la norma, fijando un segundo vencimiento hasta el 1 de junio, así como que los contribuyentes del Impuesto de Sociedades puedan adecuar sus pagos fraccionados.
Reconocen que las medidas tributarias han de formar parte de una estrategia global y valoran positivamente la flexibilización de aplazamientos de autoliquidaciones para pymes y la ampliación de determinados plazos de los procedimientos tributarios, pero defienden que hay que dar un paso más en algunos aspectos.
En concreto, los economistas exponen que los contribuyentes que quieran presentar las autoliquidaciones en plazo podrán hacerlo y, si son pymes, conservarán la posibilidad de aplazar su pago 6 meses y hasta 30.000 euros, de manera casi automática, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 7/2020. El Estado solo vería diferidos los ingresos del resto de contribuyentes poco más de un mes, y se obviarían los problemas que tienen las empresas para confeccionar sus declaraciones debido a las restricciones a la movilidad vigentes durante el estado de alarma.
