La presidenta de Diputación de Cádiz, Irene García, considera que en las actuales circunstancias de emergencia sanitaria “también está en juego el respeto a la autonomía de las entidades locales, las más cercanas a la sociedad, y que por lo tanto tienen que ser decisivas para determinar el alcance y la cuantía de la intervención pública”. Estas reflexiones se han planteado como demandas concretas, en el seno de la plataforma que se mantiene por videoconferencia con otras Diputaciones andaluzas y que asumen las federaciones andaluza y española de municipios y provincias.
Irene García, en lo que respecta a la Diputación de Cádiz, reitera la necesidad de “poder disponer libremente de todo el superávit presupuestario y no únicamente del 20 por ciento del mismo”, tal como estableció el Gobierno de España en el Real Decreto Ley 11/2020 del 31 de marzo, “así como de los depósitos bancarios”. Este planteamiento ya se ha cursado al ejecutivo estatal, el pasado 3 de abril, desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y se contiene en un documento con 19 medidas concretas para combatir los efectos del COVID-19 desde los gobiernos locales.
La FEMP cifra en 3.839 millones de euros el superávit agrupado de los Ayuntamientos españoles al cierre del ejercicio 2019. “Se nos pidió rigor y lo hemos cumplido a tenor de los resultados; ahora, en justa correspondencia, pedimos que se fíen de nuestro rigor para poder emplear libremente estos fondos”, defiende la presidenta de la Diputación de Cádiz. Esta demanda de las entidades locales obliga a flexibilizar la regla de gasto, que es uno de los soportes de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
La demanda de mayor respeto a la autonomía local también se dirige a la Junta de Andalucía, “que sigue sin aclarar si los Ayuntamientos podrán disponer libremente del fondo social de emergencia que les corresponde”. El Gobierno de España ha confirmado que, en concepto de emergencia social, librará más de 51 millones de euros a la comunidad autónoma andaluza; de ese montante más de 30 millones deben destinarse a corporaciones locales.
Irene García reitera que los fondos que correspondan a la provincia de Cádiz “deben transferirse directamente a los Ayuntamientos para que desde cada entidad municipal, sabedora de los problemas de su población y de los vecinos en situación de vulnerabilidad, decidan las actuaciones que necesitan sus respectivos municipios”.
La presidenta de Diputación ha participado esta mañana en una nueva sesión del Centro de Coordinación de Cádiz, en el que participan representantes de instituciones públicas y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En dicho foro ha reiterado, a la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, la reclamación de los Ayuntamientos “que siguen manifestando escasez de recursos higiénico-sanitarios”, además de recordarle la “incongruencia de enviar una instrucción a los municipios para advertir que es la administración autonómica la que tiene la competencia en esos suministros y, en el mismo documento, endosarle la misma facultad a los ayuntamientos”.
Irene García también ha planteado a la representante de la Junta “la necesidad de aportar información precisa sobre el alcance de la pandemia en cada municipio”. Desde la salvaguarda de derechos como el de protección de datos o la intimidad personal, “los ayuntamientos necesitan conocer las situaciones concretas que les conciernen –como por ejemplo las zonas del municipio donde se han confirmado casos positivos- para procurar una mayor eficacia de servicios públicos como la limpieza viaria o la recogida de residuos”.
