La manifestación, desconvocada por sus organizadores tras la prohibición judicial, finalmente no se ha celebrado como tal. Sin embargo a la hora prevista y en torno al lugar de la cita, la plaza del Sagrado Corazón, se han ido congregando grupos dispersos de personas que poco después, por las aceras de la Gran Vía, y vigilados de cerca por la Ertzaintza, se han dirigido, sin incidentes, hacia los Jardines de Albia, donde Adierazi había convocado una rueda de prensa a las 18 horas.
Lo que se había anunciado como rueda de prensa se transformó en un acto político, sin posibilidad de preguntas, celebrado en un antiguo teatro repleto de público. Entre los asistentes había representantes de la izquierda abertzale como Tasio Erkizia o Karmelo Landa, y varios dirigentes de EA, como el ex consejero de Justicia, Sabin Intxaurraga, quien presentó la última solicitud de manifestación.
Allí, dos portavoces de Adierazi EH han considerado que las sucesivas prohibiciones por parte de la Audiencia Nacional han constituido un "atropello de los derechos básicos de expresión y manifestación libres".
"Se ha utilizado la autoridad judicial para impedir el ejercicio de un derecho fundamental, sin respetar la presunción de inocencia, ni haber escuchado a los convocantes", han subrayado.
Han anunciado también la decisión de Adierazi EH de convertirse en un "auténtico movimiento por los derechos civiles de Euskal Herria" y han informado de que a partir de la próxima semana trabajarán para tratar de involucrar en su objetivos a "todas las instancias sociales, políticas institucionales, culturales, deportivas y populares de toda Euskal Herria".
La intervención de los portavoces ha sido acogida con gritos de "independencia" y "libertad para los presos" por la gente que abarrotaba el teatro y sus inmediaciones, que luego se ha dispersando sin que se registrasen incidentes de importancia.
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno había prohibido la segunda solicitud de manifestación, presentada por el ex consejero vasco de Justicia, Sabin Intxaurraga (EA), por considerarla un "fraude de ley".
Según el auto dictado este sábado por el magistrado, que ha adoptado esta decisión a instancias de la Fiscalía, el acto "no tiene otro objeto que eludir el cumplimiento" de la resolución judicial por la que prohibió el pasado jueves otro convocado por la plataforma Adierazi también para esta tarde.
La decisión judicial ha sido critica desde diferentes instancias. El presidente del PNV, Iñigo Urkullu la ha considerado "una provocación que nos retrotrae a tiempos anteriores" y que "no ayuda a favorecer un clima de convivencia política en la sociedad vasca".
El PSE-EE no ha valorado la decisión judicial, aunque el lehendakari Patxi López, ante el Comité Nacional de su partido, ha insistido en la necesidad de que la izquierda abertzale "asuma su responsabilidad" y tenga "el valor suficiente para romper con el terrorismo y demostrar con hechos que quieren hacer política de verdad".
El portavoz del PP del País Vasco, Leopoldo Barreda, ha aplaudido la decisión de la Audiencia Nacional ya que ha considerado que la segunda convocatoria "pretendía sustituir administrativamente a la de los convocantes originales para burlar una decisión de la justicia".
Por contra la izquierda abertzale, a través de un comunicado, ha considerado que las sucesivas prohibiciones han sido "un sabotaje" del PSOE contra "la nueva fase política que se esta abriendo en Euskal Herria".
También los sindicatos ELA y LAB, han criticado la medida que han considerado propia "de un Estado de excepción", y Aralar la ha calificado de "uno de los mayores atropellos en democracia".
A las críticas se han sumado organizaciones como Lokarri, Alternatiba y Hamaikabat, entre otras.