Las limpiadoras subrogadas de los centros penitenciarios de Puerto I y Puerto II, en la ciudad de El Puerto de Santa María, se encuentran en una situación desesperada debido a los impagos y despidos aparentemente irregulares llevados a cabo por un empresario que ha ido cambiando de nombre a varias de sus empresas, absorbiendo a las trabajadoras en el proceso. Las trabajadoras denuncian que llevan más de dos meses sin recibir sus salarios desde que, el 15 de mayo, fueron dadas de baja de Fun-Fair S.L. y contratados bajo el nombre de Yaundé; empresa perteneciente al mismo dueño.
Según cuentan, esta práctica consiste en dejar de pagar los últimos meses y, posteriormente, cambiar nuevamente el nombre de la empresa, dejando a las trabajadoras sin sus salarios y, en algunos casos, sin empleo ni liquidación. Es el caso de algunas mujeres, que han estado subrogadas más de 20 años.
“Fueron dadas de baja, enterándose de la situación a través de la seguridad social”, insiten.
La administración y dirección de los centros penitenciarios Puerto I y Puerto II, que son quienes contratan a la empresa, según explican, “han optado por lavarse las manos y desentenderse del problema, a pesar de que son ellos quienes seleccionan a la empresa subcontratada”.
El director del centro penitenciario no se hace cargo de la situación “a pesar de las indicaciones de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias”, atribuyendo la responsabilidad a los jefes de servicio.
Una situación que no se trata de un caso aislado. “Estas prácticas se están repitiendo en otros centros penitenciarios y establecimientos oficiales en toda España”, lamentan las limpiadoras de manera anónima por temor a represalias. En este momento, habría un total de 35 personas en toda España afectadas, incluyendo trabajadoras de Huelva, Córdoba, Valdemoro, Menorca, Lleida, Tarragona y El Puerto de Santa María.
La situación es “insostenible” para estas trabajadoras, quienes ven cómo las facturas bancarias son devueltas, acumulando intereses, mientras tienen que pedir préstamos para poder sobrevivir y cumplir con sus necesidades básicas.
El abogado del sindicato de Comisiones Obreras está llevando el caso, con el fin de iniciar acciones legales y denunciar estas prácticas.
