En el mundo existen actualmente 21 megaciudades, esto es, urbes que dan cobijo a más de 10 millones de personas, siendo Tokio (Japón) la más poblada de ellas con 36 millones. Si en el año 1900 había 12 ciudades con más de 1 millón de habitantes, en el año 1950 ya eran 83 y, en la actualidad son más de quinientas. El año 2007 representa un hito importante porque es la primera vez en la historia en la que más de la mitad de la población del planeta vive en ciudades, llegando al 70% en algunos países europeos y asiáticos.
Estas cifras bastan por sí mismas para mostrar la necesidad de gestionar la vida en las ciudades de manera diferente a como lo hacíamos hasta ahora, si queremos mantener los principales elementos virtuosos de una ciudad como modo de organización social. Si bien Andalucía no tiene estas grandes urbes, sí cuenta con grandes conglomerados urbanos, como Sevilla, la bahía de Cádiz o la costa de Málaga.
Desde los años 90, algunas de estas ciudades comenzaron a aplicar tecnología de la información y la comunicación para que su expansión no interrumpiera los servicios que prestaba a sus ciudadanos. A estas ciudades las conocemos como Smart cities, o ciudades inteligentes. Pero ciudad inteligente no es necesariamente sinónimo de ciudad muy poblada, sino de ciudad que implementa iniciativas en diferentes dimensiones como la recogida de residuos urbanos, el alumbrado, la eficiencia del sistema eléctrico o el tráfico. Esta inversión tecnológica ha supuesto un impacto de, por ejemplo, la reducción de un 15% del tiempo perdido en atascos de tráfico, algo que es un inmenso logro si consideramos el enorme número de desplazamientos.
Sin embargo, existe un área en la que estas iniciativas de ciudades inteligentes han estado menos desarrolladas: la seguridad y las emergencias, apuntando algún estudio a que no representarían ni el 9% de todos los proyectos a nivel español. Algunos expertos consideran que estos serán los últimos proyectos a desarrollar en las ciudades inteligentes y, otros, consideramos que deben estar en la base de cualquier proyecto, ya que la seguridad es la base para el funcionamiento de toda una serie de funciones que hacen posible la vida en la ciudad. Y esta no es una decisión menor, ya que la garantía de los derechos y libertades ciudadanas es más viable si se hace desde la propia fase de diseño.
Dentro de un proyecto de la Junta de Andalucía (PAIDI2020) hemos analizado todas las ciudades andaluzas con alguna iniciativa de Smart city y, de ellas, apenas hemos identificado a una treintena que tengan alguna en esta área. La mayor parte de las identificadas consisten en la instalación de cámaras que controlan el tráfico, identifican aglomeraciones o calculan aforos, por ejemplo, en la Feria, o bien algún paso de peatones inteligente que se ilumina al pasar un ciudadano. Sin embargo, aquellas iniciativas más tecnológicamente avanzadas –y también con un mayor potencial riesgo de impactar en las libertades ciudadanas– como el control biométrico, no están implementadas en ninguna ciudad. Pero tampoco lo están esas iniciativas que pueden ayudar a una mejor gestión, como elaborar con los datos que se recaban mapas donde se identifiquen tendencias criminales y permita a las policías contar con una estrategia más eficaz y más eficiente para combatirla. Simplificando mucho, estaríamos aún en un estado muy embrionario en el desarrollo de la dimensión de seguridad y emergencias en las ciudades inteligentes andaluzas.
Una de las barreras que los expertos que han participado en el proyecto han identificado como más relevantes a la hora de la implementación es su coste; alto en su implementación y no bajo en su mantenimiento. Eso explica que solo se hayan solicitado aquellos proyectos que venían financiado por algún fondo europeo, español o regional. Y ahí, los proyectos de seguridad y emergencias no parecen ser una prioridad, frente a otros como gestión eléctrica, residuos urbanos o abastecimiento de agua. Pero también identifican la falta de una estrategia-ciudad que permita dar coherencia a las iniciativas que se hagan a nivel andaluz, porqueno se identifica la falta de soluciones tecnológicas en el mercado como una barrera relevante. No hemos identificado un rechazo ciudadano a estas iniciativas, pero sí una serie de barreras legales, bien porque no se garantizan algunos derechos ciudadanos, bien porque no se permite la implementación de alguna tecnología, o bien porque no se han desarrollado los mecanismos necesarios para garantizar derechos como, por ejemplo, conocer cuál es el diseño del algoritmo que ha decidido indicarle a la policía debía pedirnos la documentación.
La reflexión sobre el uso de la tecnología en la ciudad debe ser central. Disponemos de ejemplos en países no democrático como China, Arabia Saudí o Corea del Norte que muestran cómo podemos poner todo el peso en la tecnología horadando, por el camino, parte de nuestras libertades. La pandemia de COVID19 nos mostró cómo, a través del ‘pánico moral’, si a los ciudadanos se les asusta lo suficiente estos son capaces de transigir con aspectos que no hubieran aceptado solo poco tiempo antes. Uno de los retos de nuestro proyecto es establecer un indicador que nos indique cuánto de segura e inteligente es una ciudad, al tiempo que se respetan las libertades ciudadanas. Ser capaces de medir esto en una ciudad, y compararlas entre ellas, tendrá un impacto a la hora de adquirir la tecnología y el hacerle ver a la industria que deben desarrollar tecnologías que sirvan a la seguridad, pero que sean respetuosas con las libertades ciudadanas. El riesgo de un gran hermanoque todo lo vea mediante el empleo de la tecnología es evidente, por eso, Andalucía necesita una estrategia específica para la seguridad en las ciudades inteligentes.
* Antonio Díaz, es profesor de la Facultad de Derecho. Universidad de Cádiz
