El Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba ha citado a declarar los días 2 y 3 de marzo a una docena de investigados del caso Infraestructuras, sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de dicha área del Ayuntamiento de la capital, y entre ellos se encuentra el exconcejal encargado de dicha Delegación David Dorado, que se mantiene como edil no adscrito en el Consistorio.
Así lo han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que detallan que el día 2 también está citado a declarar un testigo de este caso, en el que Dorado y los últimos investigados --que superan ya los 15 desde los primeros citados hace un año con la entonces coordinadora general de Infraestructuras, María Luisa Bueno, y un técnico-- han sido detenidos y puestos en libertad desde diciembre por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía, que lleva este caso.
Al respecto, el juez José Luis Rodríguez Lainz recoge en su primer auto que "Dorado es involucrado con un intento propuesta de cohecho en el curso de un almuerzo" en agosto de 2020, en el que "tendría participación también" la excoordinadora general, entre otros aspectos que apunta.
En este sentido, se señala que "David le comenta al administrador de una empresa dedicada a publicidad que había trabajado con anterioridad para el Consistorio la llegada de unos fondos de la Unión Europea (Edusi), con 30.000 euros para subvenciones; sugiriéndole la posibilidad de contratar con él obras menores, para lo que tendría que crear cuatro o cinco empresas o buscarse testaferros que se presentaran a licitaciones, proponiéndole que se repartieran el beneficio por partes iguales entre los tres".
Ante ello, se indica que "el empresario se negó a aceptar" y ha declarado que puso el hecho "en conocimiento de la concejal de IU Amparo Pernichi, fallecida y que ostentó la dirección de la misma área" en el anterior mandato, a lo que agrega que "ésta le comentó que sabía de alguien que conservaba una grabación del momento en que se le hace la propuesta al empresario".
En cuanto a la situación de Dorado en este momento procesal, Rodríguez Lainz dice en el referido auto que "todavía es incierta", de modo que "los indicios que apuntan en su contra parten de su decidida intención de nombrar como coordinadora a María Luisa Bueno, respecto de la que se aprecia un posible vínculo con aquél por la Policía; de sus maniobras para conseguir que ésta ejerciera el dominio real del área de infraestructuras".
Igualmente, señala "la búsqueda de excusas para que el técnico dominara importantes parcelas del área de alumbrado público, así como de comportamientos descritos en el atestado que hacen ver que pudiera tener cierta predisposición a actos de aparente corrupción --proponer a un empresario mordidas por adjudicarle contratos menores; aparecer referenciado como autoridad que se entiende directamente con contratistas, saltándose las reglas de funcionamiento de prestaciones u obras que no precisaban el auxilio externo, en un contexto incluso de emisión de facturas falsas, etc.--".
El magistrado afirma que "la probabilidad de que en la investigación de estos indicios, cercanos todavía a la fundada sospecha más que a la evidencia, se vean corroborados por nuevas evidencias o pruebas directas, hace que se considere aconsejable atribuirle la condición de investigado para una mejor garantía de sus derechos".
Además, asevera que "los elementos de convicción descritos permiten el avance de las actuaciones en el sentido de dirigir el procedimiento por la concreta participación de las personas citadas en delitos contra la Administración Pública y falsedades documentales", aunque "deben ser objeto de profunda investigación de resultado incierto", entre otros aspectos que comenta.
Entretanto, Dorado ya ha manifestado en el Pleno del Ayuntamiento que es "inocente" y no piensa dimitir, "porque no he hecho nada malo", según ha subrayado, para expresar que no tiene "conocimiento de lo que puedan tener" contra él, aunque ha afirmado que cualquier cosa que tengan "no es cierta y todo quedará demostrado por la justicia".
Así, ha rogado que "se deje trabajar a la justicia y que no se haga una campaña mediática paralela", que no sólo le daña a él "como político y persona, sino que daña a la imagen del Consistorio" y la de su familia, ha apostillado.
Los agentes de la UDEF han detenido en las últimas semanas a cuatro empresarios, uno de ellos por segunda vez --por supuesta comisión de delito de obstrucción a la justicia--, dentro de las diligencias en las que se encuentran investigados como presuntos autores de delitos de falsedad en documento mercantil, fraude a la administración y pertenencia a grupo criminal, entre otros delitos.
Todos han quedado en libertad con cargos, pendientes de declarar ante el juez, como también lo hará como investigada una mujer supuestamente como partícipe a título lucrativo. Dos de los últimos empresarios detenidos han facturado al Ayuntamiento más de 3,5 millones de euros de 2020 a 2022, según las primeras pesquisas.
Y otro empresario presuntamente ha emitido facturas falsas por unos 80.000 euros durante ocho meses del año 2021 y relacionadas con trabajos de jardinería, carpintería y otros vinculados a la Delegación de Infraestructuras.
