La Junta de Castilla y León y la Xunta de Galicia han demandado al Gobierno de España información sobre la afección concreta del contrato fallido a las previsiones de renovación de los trenes de ancho métrico, que operan en ambas comunidades autónomas.
La consejera de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León y su homóloga de la Xunta de Galicia se han dirigido a la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para trasladarle su preocupación, ante "la gravedad de las noticias" aparecidas en los medios de comunicación, relacionadas con el retraso que supondrá "el error" del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en la licitación para el suministro de trenes de ancho métrico y alpinos.
Las representantes de los gobiernos autonómicos exigen, en sus respectivas cartas, que se les informe cumplidamente sobre el estado de ejecución de dicho contrato, que se haga público y sea accesible todo el expediente de contratación tramitado y adjudicado por el Consejo de Administración de Renfe.
Además, hacen referencia al anuncio del 29 de junio de 2020 en el que se comunicaba que "Renfe adjudicaba a CAF la compra de 31 trenes de ancho métrico y 6 alpinos por 258 millones de euros" -en cuyo texto se desgranaba que se adquirían 26 trenes eléctricos y 5 híbridos ("que podrían utilizarse en Castilla y León y Galicia") y que, incluso, se podría llegar a adquirir otro más- y reiteran que se les informe, "a la mayor brevedad posible, sobre el destino previsto para los trenes objeto del contrato y en concreto, cuántas unidades iban a ser destinadas a Castilla y León y a Galicia".
En dicha la información se recogía expresamente que la flota de 'ancho métrico' daría servicio en Asturias, Cantabria, País Vasco, Galicia, Castilla y León y Murcia. Por ello, piden que se incluya expresamente la renovación de los trenes que circulan por sus respectivos territorios, para que todos los viajeros usuarios de estos servicios ferroviarios en el norte del país lo hagan en las mismas condiciones.
Del mismo modo, constatan su interés en participar y ser escuchados en todas aquellas reuniones que se convoquen desde el Ministerio para informar sobre este tema, junto con el resto de comunidades autónomas que cuentan con este servicio.
Por otro lado, tanto María González Corral como Ethel Vázquez exigen que el Ministerio aclare cuándo tuvo conocimiento de esta situación y qué medidas se han adoptado desde entonces, así como las que se van a tomar a partir de ahora.
Por último, exigen que "se asuman las responsabilidades políticas al más alto nivel, sin perjuicio de que se depuren las responsabilidades legales que se deriven de esta insólita actuación, que pone de manifiesto una vez más la absoluta falta de rigor en la gestión de los servicios públicos esenciales, cuyos costes son sufragados por todos los ciudadanos".
