En un comunicado en el que ha puntualizado las “últimas informaciones”, el Gobierno de la capital de la comarca de Osona se ha reafirmado en que “comunicará a la Delegación del Gobierno en Cataluña los casos de aquellas personas que quieran empadronarse en el municipio pero presenten dudas sobre su identidad, o sobre su situación de residencia en el país”.
Asimismo, la Alcaldía ha manifestado que “se seguirá empadronando a todas las personas que lleguen a la Oficina Municipal de Acogida, sea cual sea su situación, tal y como se indicó al Gobierno central el pasado mes de enero”.
Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado que no comparte la decisión del Consistorio vicense y ha anunciado que dispondrá próximamente de un informe jurídico sobre la cuestión.
El comité ejecutivo de la Federación de Municipios de Cataluña (FMC) ha acordado a su vez trasladar a los gobiernos de la Generalitat y del Estado una petición para que “de manera urgente clarifiquen todos los elementos” del fenómeno migratorio y, “especialmente, el empadronamiento”, según ha informado en una nota.
La FMC ha acordado exigir a las fuerzas políticas el máximo respeto y responsabilidad y “el compromiso de no utilización del fenómeno migratorio con fines partidistas”.
Por su parte, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha defendido la inscripción de los inmigrantes irregulares en los padrones municipales, necesaria a su juicio para garantizar los derechos básicos que todos los países de Europa conceden a esas personas.
Según Rubalcaba, la política española es “clara” en el ámbito de la inmigración ilegal y explica que “una cosa es la lucha contra la inmigración ilegal en frontera” y “otra cosa” es lo que se hace dentro de cada país.
