La investigación del caso Infraestructuras sobre supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos de dicha área del Ayuntamiento de Córdoba analiza más de 2,6 millones de euros dentro de la labor de los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, cuyas diligencias obran en poder del Juzgado de Instrucción número 4 de la capital, según confirman a Europa Press fuentes cercanas al caso.
Al respecto, el magistrado de dicho Juzgado, José Luis Rodríguez Lainz, investiga al concejal no adscrito y exdelegado de Infraestructuras, David Dorado, detenido y puesto en libertad con cargos hace dos semanas por la Policía Nacional, así como a doce personas más, entre ellas la excoordinadora general de la Delegación María Luisa Bueno y un técnico municipal, que fueron los dos primeros investigados.
Según recoge el auto, la investigación de la UDEF da como resultado nuevas líneas de investigación que relacionan a los dos primeros investigados y David Dorado, destacando "una posible relación" entre Dorado y Bueno, "con la comisión de concretas infracciones criminales, que rompen claramente con el objeto inicial de la investigación".
Así, se cita que "Dorado es involucrado con un intento propuesta de cohecho en el curso de un almuerzo" en agosto de 2020, en el que "tendría participación también" la excoordinadora general, y se señala que "David le comenta al administrador de una empresa dedicada a publicidad que había trabajado con anterioridad para el Consistorio la llegada de unos fondos de la Unión Europea (Edusi), con 30.000 euros para subvenciones; sugiriéndole la posibilidad de contratar con él obras menores, para lo que tendría que crear cuatro o cinco empresas o buscarse testaferros que se presentaran a licitaciones, proponiéndole que se repartieran el beneficio por partes iguales entre los tres".
En este sentido, se apunta que "el empresario se negó a aceptar", mientras que la concejal de IU Amparo Pernichi, fallecida y que ostentó la dirección de la misma área en el anterior mandato "le comentó que sabía de alguien que conservaba una grabación del momento en que se le hace la propuesta al empresario".
Por otra parte, quien fuera director general de Infraestructuras y desplazado por Dorado al proponer a Bueno "como puesto de nombramiento discrecional, pese a la existencia de un informe desfavorable a su idoneidad por falta de experiencia en el cargo", ha declarado sobre "la existencia de un expediente relacionado con obras de impermeabilización de un parking privado en la Plaza de Cuba".
Al respecto, "la obra se habría de realizar, tal y como se pretendía, a cargo de Infraestructuras", pero "la declaración no da detalles claros de quién participó en el expediente y quién tomó las decisiones para ejecutar o tramitarla, ni si se llevó a efecto; pero del contenido de los correos parece apuntar a Bueno y Dorado como posibles responsables, a falta de una investigación más profunda", según recoge el auto en base al atestado policial.
Ante ello, el magistrado explica que el atestado permite "constatar la existencia de nuevas infracciones criminales que solamente en parte permiten apreciar la existencia de una identidad subjetiva, y sólo parcialmente coincidente, con los hechos por los que se sigue la causa; que se ciñen sólo y exclusivamente a las irregularidades administrativas detectadas en el Plan de Choque del año 2020".
Junto a ello, "se aportan hechos e indicios que permiten ampliar la imputación a la existencia de una aparente connivencia del principal investigado --el técnico municipal-- con determinados contratistas", a la vez que "se puede apreciar, en análisis conjunto entre los informes técnicos aportados por el Consistorio y la investigación policial, un reforzamiento de las evidencias contra Bueno, que incluso podría repercutir en la inicial posición procesal de Dorado".
En concreto, indica que "la supuesta reunión entre Dorado y Bueno con un empresario para proponerle que le adjudiquen contratas a cambio de repartirse beneficios no tiene la más mínima relación, ni temporal, ni objetiva ni de 'modus operandi' con la dinámica en relación con irregularidades en la gestión del Plan de Choque".
Asimismo, el juez mantiene que "el asunto del parking de la Plaza de Cuba, aparte de no tener definidas de momento las posibles responsabilidades, requiere de una profunda investigación independiente para el debido esclarecimiento de los hechos", de ahí que abogue por la tramitación separada de causas.
Al hilo, expone que "el solo hecho de que a una determinada persona o personas se atribuyan infracciones criminales en las que se siga un similar patrón de conducta o 'modus operandi' ni da lugar a una situación de continuidad delictiva, exigente de la acreditación de un plan preconcebido, ni tampoco genera necesariamente un vínculo de analogía o relación".
"Es más, incluso en la hipótesis de que se pudiera apreciar la concurrencia de tal concepto nos encontraríamos con que no se aprecia ninguna de las circunstancias que permiten la acumulación de los hechos en un ingobernable macroproceso; cuya expansión podría alcanzar a los últimos diez años anteriores al día de la fecha, en función del plazo de prescripción de alguna de las infracciones criminales que pudieran haberse cometido", según asevera el magistrado.
En cuanto a la situación de Dorado en este momento procesal, Rodríguez Lainz dice que "todavía es incierta", de modo que "los indicios que apuntan en su contra parten de su decidida intención de nombrar como coordinadora a María Luisa Bueno, respecto de la que se aprecia un posible vínculo con aquél por la Policía; de sus maniobras para conseguir que ésta ejerciera el dominio real del área de infraestructuras".
Igualmente, señala "la búsqueda de excusas para que el técnico dominara importantes parcelas del área de alumbrado público, así como de comportamientos descritos en el atestado que hacen ver que pudiera tener cierta predisposición a actos de aparente corrupción --proponer a un empresario mordidas por adjudicarle contratos menores; aparecer referenciado como autoridad que se entiende directamente con contratistas, saltándose las reglas de funcionamiento de prestaciones u obras que no precisaban el auxilio externo, en un contexto incluso de emisión de facturas falsas, etc.--".
En este sentido, el juez afirma que "la probabilidad de que en la investigación de estos indicios, cercanos todavía a la fundada sospecha más que a la evidencia, se vean corroborados por nuevas evidencias o pruebas directas, hace que se considere aconsejable atribuirle la condición de investigado para una mejor garantía de sus derechos".
Además, asevera que "los elementos de convicción descritos permiten el avance de las actuaciones en el sentido de dirigir el procedimiento por la concreta participación de las personas citadas en delitos contra la Administración Pública y falsedades documentales", aunque "deben ser objeto de profunda investigación de resultado incierto".
Y a la vista del resultado de las declaraciones de los nuevos investigados, "se acordará lo procedente sobre la práctica de nuevas diligencias; incluida la posible imputación de personas jurídicas".
Entretanto, Dorado manifestó el jueves pasado en el Pleno que es "inocente" y no piensa dimitir, "porque no he hecho nada malo", según subrayó, para expresar que no tiene "conocimiento de lo que puedan tener" contra él, aunque afirmó que cualquier cosa que tengan "no es cierta y todo quedará demostrado por la justicia".
En este sentido, rogó que "se deje trabajar a la justicia y que no se haga una campaña mediática paralela", que no sólo le daña a él "como político y persona, sino que daña a la imagen del Ayuntamiento" y la de su familia, apostilló.
