Se llama Cristina Martín de Celis, tiene 22 años y desde que tiene un año sufre una parálisis cerebral y tiene una incapacidad del 90 por ciento. Una lesión irreversible que se le produjo durante una intervención quirúrgica para corregirle una fisura palatina –coloquialmente nació sin campanilla-.
Como dice su padre, Fernando Martín Ramírez, “mi hija tiene el cuerpo de una mujer de 22 años, pero la mentalidad de una niña de dos”, de hecho, desde aquel terrible incidente no puede hablar y solo se comunica por gestos.
Desde entonces ha pasado por centros educativos de San Fernando como el Padre Franco o el Casal Carrillo en aulas para alumnos con necesidades especiales. Desde el año 2015 ha estado matriculada en el centro de Afanas en La Casería. “Solo tengo palabras de agradecimiento por lo que han hecho por ello, el personal es estupendo y ha recibido todos las atenciones que ha necesitado como fisioterapia como logopedas. Ella estaba allí en la gloria, era feliz”, afirma el progenitor.
Hasta los 21 años la Junta de Andalucía ha corrido con todos los gastos de atención que ha tenido Cristina en dichos centros educativos, pero todo ha cambiado a partir de los 22 años puesto que, por ley, la Administración autonómica deja de prestar dichas ayudas y para que la joven pueda seguir en el centro es necesario que aporte la cantidad que percibe con la Ley de Dependencia más otro 25 por ciento que debe de aportar la familia, es decir, en torno a 600 euros.
Fernando Martín asegura que con los ingresos económicos que recibe actualmente la familia, les es imposible aportar ese 25 por ciento que pide la Junta para que su hija siga siendo atendida en el centro de día de Afanas. “Tengo una pensión corta y nos dieron elegir; o el bienestar de nuestra hija o poder afrontar nuestros gastos para poder vivir. Yo estoy dispuesto a aportar lo que ella recibe por la Ley de Dependencia, pero si además tengo que poner un 25 por ciento más apenas llegamos en mi casa al día 15 para comer”.
Mientras tanto, su hija desde el mes de septiembre ya no asiste al centro y, aunque no puede hablar, por gestos le pregunta a su padre qué cuándo volverá a estar con sus compañeras, además de no poder controlar muchas veces sus emociones. “Mi hija por el problema que tiene es como un niño chico, es decir, que se aburre y quiere las cosas por fuerza. Claro, tiene la edad mental de 2 años pero ya no deja de ser una mujer de 22 con lo que ello conlleva cuando se enfada”, añadiendo que “lleva quince días diciéndome que quiere volver. Ha perdido la rutina diaria con los compañeros y eso le está afectando mucho”.
Fernando sabe que la situación es complicada, porque le ley es la que es y está dictada como está dictada, por eso lanza un grito de auxilio para poder revertir la situación. “Que se haga cargo de ese dinero que falta la Junta o el que sea, pero estoy al límite. Yo sé que habrá familias igual o peor que yo, pero yo tengo que luchar por mi hija y lo que quiero es su bienestar. Conceden becas de hasta 6.000 euros por estudio y si a los tres días los niños no van al colegio, enseguida están en la puerta de tu casa y, en mi caso, que quiero escolarizar a mi hija no me dejan”.
Desesperado ha pedido ayuda incluso a la reina Letizia, al Defensor del Pueblo Andaluz, al Defensor del Pueblo de España o a Fundaciones como la de Bertín Osborne o la del Cordobés, pero en todos sitios se ha encontrado con las puertas cerradas al tratarse de una cuestión burocrática que depende de una ley.
