Una representación de las familias de los 21 marineros fallecidos en el naufragio del pesquero gallego Villa de Pitanxo, que se hundió en Canadá el pasado 15 de febrero, se han concentrado este viernes en A Coruña para exigir “respuestas” casi tres meses después de aquella tragedia marítima.
Lo han hecho ante la sede de la Delegación del Gobierno en Galicia, cerca de noventa días después del hundimiento, fecha que se cumplirá este domingo y que para los familiares "va a ser muy dura", según ha explicado a la prensa la portavoz María José de Pazo, hija de Francisco, el jefe de máquinas del arrastrero congelador y cuyo cuerpo no fue hallado, al igual que el de otros once compañeros, pues solamente se recuperaron nueve cadáveres.
Antes de atender a la prensa, los diez familiares desplazados a la urbe coruñesa trataron de conversar, sin conseguirlo, con el delegado del Gobierno, José Miñones, algo que han lamentado, a la vez que han solicitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que les reciba y que “resuelva lo que tiene en casa sin resolver desde hace tres meses”.
Los allegados de los marineros han dado lectura acto seguido a un manifiesto en el que señalan que, después de todo este tiempo, quedan aún muchos temas "sin resolver", por lo que han reiterado su petición de que se baje hasta el pecio hundido.
Las familias han presentado además ante la Audiencia Nacional y el Juzgado de Marín sendos escritos solicitando que se adopten medidas cautelares que impidan al patrón del barco, Juan Padín, uno de los tres supervivientes, que se vuelva a embarcar de nuevo.
Han recordado que la Fiscalía aprecia indicios de que se han podido producir 21 delitos de homicidio por imprudencia en la muerte de los marineros, imputables, de confirmarse, al capitán por ser el "máximo responsable" a bordo del Villa de Pitanxo.
"Siempre hemos esperado a la investigación pero esto no es impedimento para pedir medidas cautelares, que se han adoptado antes en casos de menor magnitud", según De Pazo, que afirma que "no se puede decir que es un hombre libre y que no ha pasado nada".
Los familiares que han podido acudir a la cita han leído el comunicado en el que han expresado su crítica por lo que interpretan como “pasividad y falta de acciones del Gobierno”, algo que han calificado de “insultante”.
Las víctimas del naufragio han explicado que este domingo se cumplirán tres meses de la tragedia marítima y que, desde entonces, “día tras día” siguen “esperando que se trasladen de forma clara nuestras peticiones, porque han sido comunicadas de forma torticera”, han subrayado en la nota.
Las quejas de las familias también se han dirigido al actual delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, ya que han manifestado en su escrito que el 24 de marzo, según su versión, este les avanzó que “al no poder recuperar los cuerpos de los 12 desaparecidos, no merecía la pena técnicamente, ni bajar, ni localizar al Villa de Pitanxo”.
Los familiares han reiterado pese a todo, una vez más, su petición al Gobierno de que emprenda nuevas acciones para rescatar a los náufragos porque han argumentado que “bajar al barco es viable y totalmente plausible puesto que cada semana salen empresas españolas y extrajeras especializadas en la materia confirmándolo con datos y operativas realizadas”.
Reiteran que esta operación es "técnicamente viable" y que no existen "impedimentos legales" por parte de Canadá para que se puedan alcanzar los restos del barco y comprobar en qué estado se encuentra o incluso si hay cadáveres atrapados en su interior.
Por último, aunque los parientes de la marinería de la embarcación que se dedicaba a la pesca del fletán aseguran que respetan la presunción de inocencia, entienden que Padín debería estar siempre localizable.
Las quejas también se han dirigido, por último, a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a la que, en su condición de gallega, le piden audiencia debido a que “han fallecido 21 trabajadores españoles”.
Galicia
Las familias del Pitanxo exigen respuestas tres meses después del naufragio
Antes de atender a la prensa, los diez familiares desplazados a la urbe coruñesa trataron de conversar, sin conseguirlo, con el delegado del Gobierno
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