La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha vuelto a celebrar este lunes un juicio contra la trabajadora del Servizo Galego de Saúde (Sergas) que ya fue juzgada y absuelta en dos ocasiones por acceder al historial clínico de su hija sin su autorización, después de que la segunda sentencia absolutoria fuese anulada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
La mujer fue juzgada en 2019 por primera vez después de que se constatase que había accedido hasta en 69 ocasiones al historial clínico de su hija entre 2012 y 2014 sin el permiso de ésta. La Audiencia consideró que no se podía probar sin duda que no hubiera esa autorización e incluso advertía de que podría haber motivos espurios en la denuncia de la hija (con la que tiene mala relación), por lo que absolvió a la acusada.
Ese mismo año, el TSXG revocó esa sentencia y ordenó repetir el juicio al considerar que se habían vulnerado las reglas de distribución de la carga de la prueba, que hubo error en la valoración de ésta y que no hubo explicación razonada.
La vista se repitió en 2021 y, de nuevo, la Audiencia absolvió a la acusada. En verano de ese año, el TSXG volvió a estimar recurso de la denunciante y de la Fiscalía, y de nuevo anuló la sentencia, prácticamente con los mismos argumentos que en la primera anulación, y ordenó repetir el juicio, que se ha celebrado este lunes.
En él, la acusada ha vuelto a repetir que ella entraba en el historial de su hija "cuando se lo solicitaba", pese a que ha reconocido que tienen una relación "complicada" de idas y venidas desde antes de los hechos, cuando en 2007 empezó (la hija) una relación sentimental con su actual pareja y se fue de casa.
En su declaración, donde solo ha respondido a preguntas de su abogado, la madre ha recalcado que su hija y su yerno tenían un problema de adicción, lo cual hacía que en ocasiones la relación con ellos fuese "difícil".
Sin embargo, visiblemente emocionada, ha explicado que entre los años 2012 y 2014, cuando ocurrieron los hechos de los que se le acusa, sí mantenían contacto, con llamadas y quedadas para ir incluso a consultas médicas o a buscarlos al aeropuerto, ya que por aquel entonces, siempre según su relato, viajaban cada dos o tres semanas a Canarias (su hija y su pareja) porque el yerno tenía "problemas familiares" en las islas.
"NO TENÍAMOS RELACIÓN"
Por su parte, entre otros testigos, este lunes también ha declarado la hija de la acusada y ha vuelto a insistir en que no tenían relación alguna y en que su madre nunca aceptó que se fuese de casa. "Hizo las cosas complicadas y difíciles", ha añadido.
En este sentido, ha indicado que cuando se dio cuenta de que su madre accedía a su historial clínico, llegó incluso a pagar seguros privados para no tener que ir a la sanidad pública, pese a que la defensa de la madre relató que en varias ocasiones hay constancia de haber ido a centros públicos en las fechas señaladas.
La hija, que ha reconocido estar "muy nerviosa" durante su declaración en varias ocasiones, ha contradicho a su madre y ha asegurado que ella sí vivía en Canarias y no venía a Vigo cada dos o tres semanas y ha añadido que su progenitora no la acompañaba al médico. Preguntada sobre si le dijo alguna vez que no viese su historial cuando se percató de lo ocurrido, ha explicado que no, porque no tenía relación alguna con su madre, por lo que solo lo denunció al Sergas.
HECHOS
Todo esto ocurrió entre 2012 y 2014 cuando, según el escrito de acusación de la Fiscalía, la madre, aprovechando su condición de trabajadora del Sergas en el servicio de Admisión, accedió al historial médico de su hija en decenas de ocasiones entre junio de 2012 y abril de 2014.
En los juicios celebrados anteriormente, la mujer afirmó, al igual que en esta ocasión, que contaba con permiso de su hija y que lo hacía porque estaba preocupada por su salud. El ministerio público también expone que no hay pruebas de que la acusada difundiera la información obtenida.
Con todo, la Fiscalía la considera autora de un delito de revelación de secretos relativos a la salud por parte de funcionario público, y pide que sea condenada a 4 años de prisión, 9 años de inhabilitación y el pago de una multa de 7.200 euros.
