La Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA) impugnará la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para regular los usos de edificaciones como equipamientos turísticos en caso de que se apruebe en los términos planteados por el equipo de Gobierno.
Así lo ha confirmado Luis López, representante de la organización en la provincia de Cádiz, quien lamenta que, dado el contexto socioeconómico y la particular situación del sector tras la pandemia provocada por el Covid-19, la iniciativa municipal no es oportuna.
Apunta que, “a lo largo de todo el expediente relativo a la modificación del PGOU de Cádiz, no hay rastro alguno sobre el impacto que esta propuesta tendrá en el colectivo regulado o la afección a los principios relativos a la unidad de mercado”.
Asimismo, López indica que “gran parte de las viviendas con fines turísticos (VFT) se ha ido desplazando hacia el alquiler de larga temporada, por lo que el Ayuntamiento de Cádiz debe realizar un análisis detallado sobre las consecuencias de la pandemia en la oferta si desea tomar medidas justificadas que restrinjan el uso de las VFT”.
Por otro lado, considera que “es contrario a derecho suspender para la totalidad del término todas las aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas”. En todo caso, agrega, “el acuerdo que decrete la suspensión ha de precisar a qué áreas concretas de la localidad afecta la suspensión de otorgamiento de licencias”.
En este sentido, advierte de que el equipo de Gobierno propone “considerar toda la oferta como hospedaje para, acto seguido, limitar de manera indiscriminada su uso” en toda la ciudad. Por ello, plantea valorar medidas específicas “única y exclusivamente en ámbitos eventualmente más saturados”.
Por último, el portavoz de AVVA alude a consideraciones tributarias propias de las VFT para rechazar el texto del equipo de Gobierno y a una invasión en la regulación de los contratos, dado que mutarán de contrato de arrendamiento a contrato de hospedaje. Y agrega que, desde que se apruebe la modificación, ninguna vivienda podrá darse de alta ya que no se dará el presupuesto que exige la Junta, que se ubique en suelo residencial, hurtando el derecho de explotar turísticamente un inmueble a todos los ciudadanos.
