Ante la entrada en vigor, el pasado 8 de julio, del Real Decreto-Ley 14/2021 de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, conocido como el Icetazo, la Asociación de Emplead@s Públic@s en Abuso de Temporalidad (Asepat), elevó una petición ante el Parlamento Europeo, tramitada bajo el número 0774/2021. En dicha petición, se denuncia la desprotección de las personas trabajadoras de las diferentes Administraciones Públicas, contratadas en abuso de la contratación, y de la ineficacia del referido Icetazo, así como el incumplimiento del mismo respecto de la Directiva 1999/70/CE, y de las numerosas sentencias y autos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La Secretaría de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo se encarga de recepcionar las mismas, que suponen un gran número al año. La mayoría de ellas se tramitan mediante un procedimiento escrito, siendo seleccionadas por los diputados europeos las peticiones que se examinan en las reuniones de la comisión. Dado el carácter variopinto de las peticiones y el gran número que se recibe, no todas ellas son debatidas en comisión, ni todas las peticiones se debaten en público, y tampoco se incluyen todas en los órdenes del día; de ahí la importancia de que la petición realizada por Asepa cuente con el respaldo de la comisión y se haya incluido en el orden del día, para ser debatida públicamente.
Desde la Secretaría de la Comisión de Peticiones se ha emplazado a Asepat a la reunión que tendrá lugar el próximo 10 de enero de 2022 en Bruselas, invitándola a asistir a la misma mediante videoconferencia. En dicha reunión, una persona designada por la asociación dispondrá de un turno de palabra para exponer los motivos que llevan a presentar la petición referida. Dada la importancia que supone el haber sido invitada a participar en la reunión de la Comisión de Peticiones del próximo mes de enero, no se descarta convocar a los medios de comunicación, el día fijado, para que asistan en directo al debate que surja de dicha reunión y, una vez finalizada la misma, ofrecer una rueda de prensa posterior a los medios convocados.
Por tanto, la vía europeísta parece ser uno de los caminos a seguir para poner freno a esta norma que, aunque se anuncie como "salvadora", en la práctica conllevará la pérdida de los puestos de trabajo de cientos de miles de personas y llevará a una situación de vulnerabilidad socio-económica a sus familias.
